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Contrataciones de Fuerzas Armadas, Policía y SNAI; no se podrá saber nada por cinco años

Luis Córdova, docente de la Universidad Central y coordinador del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, alertó del peligro del decreto 206, firmado el 21 de marzo de 2024 por el presidente Daniel Noboa, para declarar reservadas las contrataciones que realicen las Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional y el Snai. “Por 5 años no podrá saberse nada sobre esas contrataciones”, agregó.

Córdova manifestó que la declaratoria se ancla con el programa de ventas de armas extranjeras que promueve Estados Unidos (EEUU) y que consta en los acuerdos firmados entre el Pentágono y el Ministerio de Defensa.

“No solo tiene que ver con la adquisición de pertrechos bélicos, equipamiento y tecnología, sino también con sistemas de inteligencia”, advirtió.

El especialista en seguridad detalló que entre las adquisiciones que puede hacer el Estado ecuatoriano está la compra de licencias del sistema Pegasus que le permite espiar a la sociedad, sin saber cómo y cuándo.

Por esta razón, a criterio de Luis Córdova, se hace indispensable incorporar mecanismos externos de supervisión en las instituciones de la fuerza pública, tal cual lo dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 22 de marzo de 2024, donde se ordena crear un organismo independiente dentro de las FFAA para garantizar la imparcialidad en el conocimiento de denuncias de corrupción.

“Esto es producto de una demanda que interpuso Rogelio Viteri a partir de varias denuncias que realizó a sus superiores sobre corrupción y que le costaron días de cárcel”, recordó.

Córdova destacó que en el dictamen de la CIDH se menciona que si no hay una veeduría externa a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el sector de inteligencia, es improbable que la política de contención al crimen organizado surta los efectos deseados.

En este contexto, el docente universitario Luis Córdova, indicó que la ciudadanía es consciente de que se está militarizando a la política, sin obtener ningún resultado, pese a los anuncios pomposos del Gobierno.

“A medida que la presencia de los militares se profundiza en las calles y adquieren mayor control en las tareas policiales se genera enorme opacidad entorno a la contratación del sector de seguridad y operaciones que llevan a cabo”, remarcó.

FMI y Ecuador llegan a un acuerdo para nuevo crédito por USD 4.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Daniel Noboa llegaron a un acuerdo a nivel técnico para un nuevo programa de crédito por USD 4.000 millones este 25 de abril de 2024 Se trata de un programa de tipo Servicio Ampliado del FMI (SAF), que tendrá un plazo de 48 meses. Ecuador ya había firmado este tipo de programa en sus dos últimos acuerdos firmados:

El programa SAF es un acuerdo que proporciona asistencia financiera a los países que tienen deficiencias estructurales en sus cuentas fiscales, que tardarán tiempo en resolverse. Los acuerdos SAF suelen aprobarse por períodos de dos o tres años, pero también pueden aprobarse por períodos de hasta cuatro años, a fin de implementar reformas estructurales profundas y duraderas, dice el FMI.

Con un acuerdo a nivel técnico ya alcanzado, el siguiente paso es que el directorio del FMI decida si aprueba este nuevo programa para Ecuador.

Juicio político contra Santos Alvite se define en el Pleno de la Asamblea

El juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, entra al Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión fue convocada a las 09:00, de este jueves 25 de abril de 2024.

Santos Alvite, exministro del gobierno de Guillermo Lasso, es acusado de incumplimiento de funciones. En su administración iniciaron los apagones en Ecuador, desde el 27 de octubre de 2023. Al exfuncionario, se le atribuye la responsabilidad de la crisis energética.

El 15 de abril, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe motivado, que recomienda al Pleno enjuiciar políticamente al exministro.

El informe determina que la crisis energética, desatada en 2023, han dejado pérdidas que superan los USD 400 millones para los sectores productivos. Mientras tanto, en el sector público, las pérdidas superan los USD 230 millones. 

En su última intervención, ante la mesa legislativa, Fernando Santos dijo que este proceso de fiscalización en su contra es ilegítimo, pues la comisión ya conoció un pedido de juicio político en su contra, que no prosperó.

Asimismo, afirmó que la crisis energética no es su problema. Incluso, dijo estar dispuesto a colaborar, para contrarrestar los racionamientos.

PSC y Construye oficializan pedido de juicio político a exministra de Energía Andrea Arrobo

Con 40 firmas de respaldo, se oficializó un pedido de juicio político en contra de Andrea Arrobo Peña, exministra de Energía y Minas, por incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética.

Los proponentes del juicio son tres asambleístas: Ana Galarza y Jaime Moreno del movimiento Construye y Vicente Taiano del Partido Social Cristiano (PSC). De calificarse este pedido se deberá esperar que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea procese al menos nueve solicitudes presentadas y calificadas antes que esta petición.

Paralelamente, el pleno de la Asamblea Nacional se instalará este 25 de abril para conocer el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó el juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en la crisis energética durante el gobierno de Guillermo Lasso, la solicitud de interpelación la presentó la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), a través de la asambleísta, Nicole Saca.

Comisión multipartidista para tramitar las preguntas aprobadas en la consulta popular

En la Asamblea Nacional se baraja la posibilidad de conformar una comisión ocasional multipartidista, para tramitar los proyectos de ley que debe enviar el Ejecutivo de Daniel Noboa, sobre las preguntas de consulta popular, en las que ganó el sí el domingo 21 de abril.

La idea fue anunciada por el presidente del Legislativo, Henry Kronfle. En un conversatorio, el titular de la Asamblea propuso que esta mesa se encargue de resolver las propuestas de la consulta popular, sin que exista la influencia de una mayoría de determinado bloque legislativo.

Otra de las opciones que está sobre la mesa es que tres comisiones permanentes especializadas sean las que trabajen en estos proyectos. Estas son: La Comisión de Participación, Comisión de Seguridad y la Comisión de Justicia.

Pierina Correa reacciona a la condena contra Pólit en EE.UU.: “Cada persona tiene que responder por sus actos”

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, reaccionó al veredicto de una corte federal estadounidense que declaró culpable a Carlos Pólit por un esquema de cohecho y lavado de más de 10 millones de dólares.

Pólit habría solicitado y recibido millonarios pagos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht entre el 2010 y 2016. Lo hizo utilizando su posición de contralor durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

“Creo que cada persona tiene que responder por sus actos, por sus acciones y por lo que dice”, dijo la legisladora Pierina Correa, al ser cuestionada por el veredicto contra Pólit.

Además, recalcó: “Carlos Pólit no fue un contralor nuestro, venía ejerciendo las funciones de contralor desde gobiernos anteriores. Si estuvo involucrado o no en hechos delictivos en el momento no se lo conocía, hubo procesos judiciales posteriores”.

Procesan por tráfico ilícito de armas a integrantes de la red de Fabricio Colón Pico

A más de Fabricio Colón Pico, Ana María Pico (hermana), William Mauricio A. M., Carlos Fernando L. Z. y Eddye Santiago S. V. fueron privados de su libertad, luego de ser capturados en Puerto Quito, al noroccidente de Pichincha. Todos serán procesados por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.

Luego de que se calificara la legalidad de la aprehensión de las cinco personas, la Fiscalía de turno en Flagrancia relató al Juez que, durante el allanamiento, dispararon desde el interior del domicilio en contra de los agentes y que una vez contralada la situación por parte del personal de la Policía Nacional, haciendo uso progresivo de la fuerza, se logró la aprehensión de los ciudadanos.

Entre los elementos de convicción presentados están: las versiones de los policías aprehensores, el informe de reconocimiento de evidencias, el formulario único de cadena de custodia de los indicios encontrados en el lugar, y la pericia documentológica y balística.

También se presentó un informe sobre el decomiso de USD 7290 en efectivo, dinero que declaró voluntariamente Ana María P. S., pero sin documentos de justificación de procedencia.

Asimismo, se confiscaron armas, municiones, radios de comunicación, libretas con apuntes, entre otros.

Según el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas es un delito sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Proveedores del Estado piden pagos, luego de 7 meses de incumplimientos

Ellos llevan varios meses protestando. Ayer, martes 23 de abril del 2024, con vuvuzelas, pitos, telones y pancartas ingresaron al piso 11 del Ministerio de Finanzas. Los proveedores del Estado están desesperados. «Hemos puesto el hombro, sin los proveedores, el Gobierno y el Estado no funciona; páguennos para poder cumplir con nuestros compromisos».

Algunos de los afectados señalaron que llevan siete meses esperando por sus pagos. Los proveedores del Estado brindaron servicios en el 2023; por ello aseguraron que no pueden esperar más.

«Queremos que nos paguen. Queremos que nos paguen. Queremos que nos paguen». Esa fue la proclama que no se cansaron de repetir. También insistieron en que se trataba de una protesta pacífica, pero están dispuestos a mantenerse en vigilia en las instalaciones del Ministerio de Finanzas hasta que se cumpla con los pagos.

Los proveedores del Estado reiteraron que no les cobija ninguna bandera política. Simplemente, ellos son parte de familias que necesita recibir los pagos de octubre, noviembre y diciembre 2023.

La Asamblea debatirá una revisión de penas para adolescentes infractores

La Asamblea Nacional aprobó resolución para pedir a la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la revisión de, por lo menos, una de las sanciones para adolescentes infractores. Esa mesa legislativa está a punto de aprobar el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Copina), pero en vista de los últimos casos de violencia en los que han estado involucrados menores de edad, los legisladores consideran que se podría hacer un ajuste.

La resolución fue planteada por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, que, para sustentarla, trajo al debate el caso de un chico de 14 años que asesinó al chofer de un bus en Guayaquil al frente de su hija.

La legislación actual señala que, si un menor de edad es internado por un delito grave en un centro de adolescentes infractores, no será llevado a una cárcel de adultos, aun si hubiese cumplido la mayoría de edad.

La intención de Taiano es que se revise esa norma y que, si una persona es detenida por un crimen, siendo menor de edad, pase a una prisión de adultos, para terminar de cumplir la pena, cuando cumpla la mayoría de edad. Según el legislador, esta sería una de las tantas motivaciones que tienen las bandas del crimen organizado y de la delincuencia común para reclutar adolescentes y ponerlos a cometer delitos.

Algunos bloques, como el del movimiento Construye, han señalado su apoyo a una revisión de las sanciones para los adolescentes que cometan delitos graves.

Sin embargo, la presidenta de la comisión, Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, no es partidaria de endurecer las penas. Culpó a la prensa de posicionar la idea de que "todo asesino y violador es menor de edad".

El tema es polémico y hasta ideológico, dijo el legislador correísta, Leonardo Berrezueta, que reconoció que inclusive al interior de la Revolución Ciudadana hay posturas a favor y en contra de endurecer las penas.

Biden: EE.UU. empezará a enviar armas a Ucrania dentro de unas horas

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aprobó este miércoles el paquete de ayuda de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, tras meses de estancamiento en el Congreso del país por divisiones políticas.

Los fondos aprobados incluyen 60.800 millones de dólares para Kiev, 26.400 millones para el país hebreo y 8.100 millones de dólares para Taipéi. La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó al proyecto de ley el sábado, mientras que el Senado llevó a cabo una votación este martes para entregar el documento a la mesa del presidente.

En una rueda de prensa dedicada a dicha ley, el presidente Biden anunció que los suministros de armas a Ucrania derivados de los fondos del paquete comenzarán dentro de unas horas.

"Me aseguraré de que los envíos comiencen de inmediato. En las próximas horas, literalmente en las próximas horas, vamos a empezar a enviar equipamiento a Ucrania: municiones de defensa aérea, de artillería, de sistemas de cohetes y de vehículos blindados", enumeró Biden.