Luis Córdova, docente de la Universidad Central y coordinador del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia, alertó del peligro del decreto 206, firmado el 21 de marzo de 2024 por el presidente Daniel Noboa, para declarar reservadas las contrataciones que realicen las Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional y el Snai. “Por 5 años no podrá saberse nada sobre esas contrataciones”, agregó.
Córdova manifestó que la declaratoria se ancla con el programa de ventas de armas extranjeras que promueve Estados Unidos (EEUU) y que consta en los acuerdos firmados entre el Pentágono y el Ministerio de Defensa.
“No solo tiene que ver con la adquisición de pertrechos bélicos, equipamiento y tecnología, sino también con sistemas de inteligencia”, advirtió.
El especialista en seguridad detalló que entre las adquisiciones que puede hacer el Estado ecuatoriano está la compra de licencias del sistema Pegasus que le permite espiar a la sociedad, sin saber cómo y cuándo.
Por esta razón, a criterio de Luis Córdova, se hace indispensable incorporar mecanismos externos de supervisión en las instituciones de la fuerza pública, tal cual lo dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 22 de marzo de 2024, donde se ordena crear un organismo independiente dentro de las FFAA para garantizar la imparcialidad en el conocimiento de denuncias de corrupción.
“Esto es producto de una demanda que interpuso Rogelio Viteri a partir de varias denuncias que realizó a sus superiores sobre corrupción y que le costaron días de cárcel”, recordó.
Córdova destacó que en el dictamen de la CIDH se menciona que si no hay una veeduría externa a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el sector de inteligencia, es improbable que la política de contención al crimen organizado surta los efectos deseados.
En este contexto, el docente universitario Luis Córdova, indicó que la ciudadanía es consciente de que se está militarizando a la política, sin obtener ningún resultado, pese a los anuncios pomposos del Gobierno.
“A medida que la presencia de los militares se profundiza en las calles y adquieren mayor control en las tareas policiales se genera enorme opacidad entorno a la contratación del sector de seguridad y operaciones que llevan a cabo”, remarcó.
