La Asamblea Nacional aprobó resolución para pedir a la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la revisión de, por lo menos, una de las sanciones para adolescentes infractores. Esa mesa legislativa está a punto de aprobar el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Copina), pero en vista de los últimos casos de violencia en los que han estado involucrados menores de edad, los legisladores consideran que se podría hacer un ajuste.
La resolución fue planteada por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, que, para sustentarla, trajo al debate el caso de un chico de 14 años que asesinó al chofer de un bus en Guayaquil al frente de su hija.
La legislación actual señala que, si un menor de edad es internado por un delito grave en un centro de adolescentes infractores, no será llevado a una cárcel de adultos, aun si hubiese cumplido la mayoría de edad.
La intención de Taiano es que se revise esa norma y que, si una persona es detenida por un crimen, siendo menor de edad, pase a una prisión de adultos, para terminar de cumplir la pena, cuando cumpla la mayoría de edad. Según el legislador, esta sería una de las tantas motivaciones que tienen las bandas del crimen organizado y de la delincuencia común para reclutar adolescentes y ponerlos a cometer delitos.
Algunos bloques, como el del movimiento Construye, han señalado su apoyo a una revisión de las sanciones para los adolescentes que cometan delitos graves.
Sin embargo, la presidenta de la comisión, Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, no es partidaria de endurecer las penas. Culpó a la prensa de posicionar la idea de que «todo asesino y violador es menor de edad».
El tema es polémico y hasta ideológico, dijo el legislador correísta, Leonardo Berrezueta, que reconoció que inclusive al interior de la Revolución Ciudadana hay posturas a favor y en contra de endurecer las penas.
