El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, explicó la acción de protección presentada por la Defensoría para que el Gobierno realice los pagos oportunos de las remuneraciones de los servidores públicos del país.
“La resolución del juez es clara, se cancelan las remuneraciones dentro de los primeros 5 días de cada mes y en atrasos se pone al día el Ministerio de Finanzas», detalló al indicar que «es una obligación, una resolución judicial que no admite duda o nuevos atrasos en los pagos”.
Ante esto dijo que si el Gobierno nacional no cumple con la disposición se podría derivar en un proceso de destitución de aquel funcionario público que se niegue a cumplir la decisión de una autoridad legítima, dentro de cualquiera de las empresas.
“La ley es para todos y debe ser cumplida, no admite ningún tipo de excepción», enfatizó.
