La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los servidores públicos que se encuentran impagos de sus haberes por parte del Gobierno nacional, incluido el décimo cuarto sueldo que, en las regiones sierra y amazonía, debe ser cancelado durante agosto.
A través de esta acción de protección, se solicita declarar la vulneración de los derechos al trabajo con énfasis en el derecho a recibir una remuneración justa y equitativa, a la igualdad y no discriminación, a la dignidad, a la calidad de vida, a la salud, a la seguridad jurídica, a la aplicación directa de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y se adopten las medidas de reparación integral, principalmente, que se proceda, de inmediato, a cancelar las remuneraciones y beneficios que a todas las personas que laboran en el servicio público les corresponde por ley.
