La Corporación de Finanzas Populares ayudará a este sector con las garantías necesarias para que pueda acceder a contratos con el Estado. Además, se agilizarán trámites y simplificarán manuales.
Hace 2 semanas iniciaron los diálogos por la Justicia y Equidad Social. El primer encuentro se realizó el 24 de junio con los actores de la economía popular y solidaria (EPS) y tras esa reunión de trabajo ya surgieron los primeros 4 acuerdos que se presentaron ayer.
“Nos sentamos a la mesa con quienes quisieron dialogar y hoy tenemos los primeros resultados que fortalecerán a la EPS”, anunció el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz.
Igual el proceso seguirá. Habrá 24 diálogos, 4 por cada sector, y en los próximos días se presentará un cronograma detallado de esta iniciativa gubernamental.
Apoyo con recursos y liquidez
El ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, especificó que la articulación de la economía popular y solidaria con el sector financiero es fundamental. Por eso uno de los acuerdos es reactivar el trabajo conjunto entre la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) y los bancos y cajas comunitarias para que estas pequeñas instituciones financieras puedan tener liquidez y recursos.
La Conafips, el año pasado, manejó cerca de $ 6.000 millones para apoyar el sistema financiero popular y solidario. Ahora se estima que la cifra sea un poco mayor este año.
Otra demanda fundamental de la EPS es tener facilidades para contratar con el Estado. Un requisito establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública es que el proveedor entregue una garantía del 5% del monto total del contrato. El segundo acuerdo es diseñar un mecanismo para que la Conafips brinde garantías y retrogarantías para la EPS en contratos de hasta $ 250.000.
Jose Tonello, presidente ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), explicó que hace un mes participó en un gabiente ampliado con el presidente Rafael Correa, en donde expuso la situación del sector. Ante los ministros habría explicado que aún hay trabas jurídicas para la formación de empresas y la obtención de créditos productivos.
Según Tonello, el Mandatario habría indicado que la economía popular y solidaria es un entramado bien estructurado que contribuye al desarrollo del país. El apoyo comprometido en esa cita estaría reflejado en el acuerdo de ayer.
La próxima semana Rivera se reunirá con las cooperativas para regular la propuesta en temas de solvencia y patrimonio técnico de esas entidades y un seguro de depósitos.
Otro pedido que realizaron los emprendedores fue agilitar los trámites. Cecilia Vaca Jones, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, dijo que el tercer acuerdo fue revisar las buenas prácticas de manufactura (BPM) y los permisos que deben cumplir con la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
Las BPM son condiciones básicas y prácticas en la producción de alimentos garantizando que estos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas.
Según Verónica Castillo, representante de Asogalinda, algunos parámetros establecidos en las BPM eran imposibles de cumplir. “Se debe tener maquinaria especificada para el procesamiento de alimentos, cumplir con cadenas productivas que no podemos cumplir por falta de recursos”, se quejó.
Por ello está previsto que el Arcsa elabore un manual de prácticas de higiene que flexibilizará los requisitos y en los próximos 30 días habrá una resolución para simplificar los procesos de manufactura del sector.
El cuarto acuerdo es el compromiso de las autoridadades para automatizar trámites y simplificar el registro de distintas entidades. A través del Decreto 679 se establece que el registro de estas organizaciones sea de máximo 72 horas. (I)
Datos
El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, hizo un llamado al diálogo a nivel local para tratar temas como la discriminación y la distribución de la riqueza con el objetivo de presentar propuestas para el desarrollo equitativo del país.
El asambleísta Fausto Cayambe resaltó la necesidad de iniciar, aparte del que fue convocado a nivel nacional, un debate en los territorios. “Quito y Pichincha son regiones fuertes en el ámbito político y es nuestro deber abrir el camino a los espacios de discusión”, dijo.
Baroja recordó que el artículo 95 de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a participar, por lo que el diálogo debe ser abierto e inclusivo para superar las desigualdades.
“Esperamos que aquellos que están buscando algo para justificar sus hechos violentos, que no tienen ningún argumento, participen de esta convocatoria en nuestra provincia”, señaló Baroja.
