Hace seis años, el lunes 26 de marzo del 2018, Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo de El Comercio, fue secuestrado, en la zona fronteriza de Mataje, en Ecuador. Finalmente, la Corte Constitucional, en este abril 2024, ha aceptado el pedido de que se desclasifiquen al menos tres actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
El abogado Mauricio Alarcón informó la noche de ayer, martes 9 de abril del 2024, que la Corte Constitucional ordenó la desclasificación de las actas 18, del 28 de marzo de 2018; 19, del 13 de abril de 2018; y 20, del 17 de abril de 2018. Eso implica los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Cosepe en relación al asesinato de Paúl, Javier y Efraín (#NosFaltan3).
El secretario del Cosepe, es decir Mónica Palencia, actual ministra de Gobierno y del Interior, debe entregar inmediatamente o hasta en un plazo máximo de 30 días, mediante declaración juramentada, las tres actas a la familia del equipo periodístico de El Comercio y sus abogados. Se trata de Ricardo Rivas, Galo Ortega y Cristhian Segarra.
Además, Palencia está obligada a dentro de los cinco días, contados a partir del cumplimiento de la medida, presentar a la Corte Constitucional el respectivo informe de cumplimiento, con el detalle de la información entregada.
«Necesitamos establecer qué interacciones se estaban dando con el estado colombiano. Eso también era parte del debate en el seno del Cosepe. Obviamente la información es muy relevante para tener una mejor idea no solo del contexto sino de los hechos en sí mismos, y en qué medida el Estado ecuatoriano con su actuar, provocó o aceleró un desenlace fatal de ese secuestro», apuntó Juan Pablo Albán.
También para Albán y los allegados del equipo de El Comercio es necesario entender la responsabilidad del Estado y el rol individual de los funcionarios del Estado en el desenlace fatal que se produjo.
