La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador pidió al Gobierno investigar el uso desproporcionado de la fuerza en Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, donde hubo enfrentamientos entre uniformados y residentes opuestos a un proyecto minero.
En una carta enviada a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, el colectivo -que agrupa 14 organizaciones- exigió que se esclarezca y sancione el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza contra pobladores de esa localidad.
En la misiva, alerta que los habitantes de Palo Quemado fueron víctimas de abusos de la fuerza pública mientras se encontraban en ejercicio de sus derechos y en resistencia contra la imposición de procesos administrativos inconstitucionales para favorecer intereses corporativos.
Incluso, las organizaciones afirman que el juez Mesías Robayo, quien suspendió el 25 de marzo la consulta ambiental que el Gobierno intentaba imponer para avanzar con el proyecto minero, fue gravemente herido luego de esa orden.
De la misma manera, cuestionan cómo desde el Ejecutivo consideran “terroristas” a campesinos e indígenas que defienden la tierra y piden que los recursos y servidores públicos, utilizados para la represión a los comuneros, se empleen en otras obligaciones prioritarias en vez de estar al “servicio de intereses corporativos privados”.
El Frente Nacional Antiminero informó que los uniformados se retiraron el pasado sábado de Palo Quemado tras varias jornadas de represión y cuatro días después de la orden judicial.
