Dos denuncias salpican el concurso para designar al nuevo Defensor Público, una de ellas pesa contra la consejera Johanna Verdezoto y otra de una amenaza que recibieron los comisionados encargados de la selección, mientras sesionaban vía telemática.
Respecto a la primera, Yadira Saltos, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), detalló que el pasado 13 de marzo los abogados Sebastián Muriel y Sebastián Méndez entregaron unos documentos y fotos donde se demostraría que la consejera Johana Verdesoto se habría reunido en dos ocasiones con el participante mayor puntuado de la Defensoría Pública: “Atentando contra la transparencia”.
Saltos explicó que el artículo 60 del reglamento del CPCCS apunta que los consejeros no pueden reunirse con los postulantes de un concurso en la etapa de impugnación, lo que habría ocurrido con Verdezoto.
“He invitado a los consejeros a que se trate esta denuncia en el pleno y que la consejera dé la cara y brinde las explicaciones necesarias de cuándo, cómo y dónde se reunió”, agregó.
La segunda denuncia se presentó la noche del lunes 18 de marzo, cuando los integrantes de la Comisión encargada de la selección y designación del Defensor Público, recibieron amenazas a través de los correos electrónicos, instándoles a suspender el concurso.
Para Yadira Saltos, ambos casos deben ser investigados por Fiscalía y analizados por el Pleno del CPCCS: “No se sabe cuál fue la pretensión”.
