Lavinia Valbonesi tiene un rol protagónico en el Gobierno sin cargo ni funciones
Probablemente, la primera dama, Lavinia Valbonesi, es una de las mujeres más famosas y populares de Ecuador, al punto que un emprendimiento en Manta la personificó al estilo de una muñeca Barbie, en enero. A sus 25 años, Valbonesi, como buena representante de los centennials, es una influencer en las redes sociales. Entre sus cuentas de TikTok e Instagram suma más de un millón de seguidores. Y esa poderosa plataforma le sirvió en la campaña electoral a su esposo Daniel Noboa y le sirve a ella ahora para publicitar su labor.
El título de primera dama que ostenta Valbonesi es meramente protocolar y tradicional. Pero, previamente, entre la década de los 60 hasta 2007, las esposas de los mandatarios eran designadas presidentas del extinto Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, que contaba con un presupuesto propio. Sin embargo, es común observar a Valbonesi en eventos estatales o como representante del gobierno, incluso ante organismos internacionales. Ya que la primera dama o primera servidora, como se ha autodefinido Valbonesi, encabeza el proyecto “Rescate de Mujeres y Niños en situaciones de violencia”.
El 8 de marzo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la primera dama, Lavinia Valbonesi, presentó su proyecto “Rescate de Mujeres y Niños en situaciones de violencia”. El objetivo que se ha autoimpuesto la primera ‘servidora’ es capacitar a las mujeres víctimas de violencia de género, que están en las Casas de Acogida, “para empoderarlas, fortalecer su identidad y promover su independencia financiera”.
Sin embargo, la iniciativa recae en las competencias legales y administrativas del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, dirigido por Arianna Tanca. Es por eso que el proyecto se lanzó durante un evento gubernamental. Es decir, utilizando recursos y personal del Ejecutivo.
Además, Valbonesi tiene un equipo de trabajo y un despacho, que parece estar ubicado en Carondelet. Pero al no ser funcionaria pública y no recibir recursos ni remuneración estatal, no puede ser fiscalizada por la Asamblea o la Contraloría. Y tampoco está obligada a ceñirse a la Ley de Transparencia.
