Un total de 16 jueces están siendo investigados por diversos delitos en el país. El Consejo de la Judicatura ha presentado en la Fiscalía, entre 2019 y 2020, 14 denuncias y adelanta otras dos más. Son por peculado, perjurio, cohecho, enriquecimiento ilícito, prevaricato y asociación ilícita. Estos tres últimos delitos han sido los más recurrentes con cuatro denuncias cada uno.
La labor de los jueces ha vuelto ha ser cuestionada por diversos hechos. El más reciente involucraría a funcionarios judiciales de Santa Elena. En un audio difundido por el portal Código Vidrio se escuchan las voces del expresidente Abdalá Bucaram ofreciendo ayuda al israelí Shy Dahan, detenido por documento falso y asesinado el pasado 8 de agosto en la Penitenciaría. En Santa Elena debía evacuarse el proceso contra el extranjero.
Desde enero de 2019 hasta la fecha, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 45 jueces que han incurrido en faltas disciplinarias graves. El proceso comienza con una queja o el Consejo abre de oficio el sumario administrativo. El funcionario cuestionado es notificado y puede contestar la queja en un plazo de cinco días. Después de un informe es elevado al pleno del Consejo que puede sancionar o absolver. La destitución puede ocurrir cuando hay negligencia manifiesta. Eso ocurre, por ejemplo, cuando un juez que debe emitir una sentencia en 10 días -en el ámbito laboral- se demora dos y hasta tres años. Otras faltas graves son el dolo y el error inexcusable.
Tres de esos 46 jueces han destituidos por posibles relaciones con el narcotráfico y otros 24 estarían siendo investigados por el mismo motivo, según dijo el vocal del Consejo, Juan José Morillo, a Ecuavisa, el pasado 27 de julio. En entrevista con Plan V, el vocal Fausto Murillo dijo esos procesos están a cargo de la Fiscalía. “Si hay jueces que han sido contaminados por el narcotráfico y si la investigación así lo señala, tendrá que seguirse el juicio penal”.
En el caso de prevaricato, la Judicatura ha puesto la acusación particular contra cuatro jueces. Uno de ellos es el exjuez José Tamayo Arana, quien rebajó la condena de a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña y líder de Los Choneros, de 20 a 8 años. Según Murillo, quien sufre el agravio por el accionar del juez es el sistema de administración de justicia. “Lo peor que puede pasar al sistema es que quede en la impunidad lo actos de los propios servidores judiciales”.
