El Gobierno analiza una nueva emisión de bonos para el próximo año y está buscando reducir su riesgo país para optar a fuentes alternativas de financiamiento en el mercado internacional. Dentro del plan económico para el siguiente año se prevé una titularización de al menos $ 1.000 millones de la cartera de la banca pública para incrementar la oferta de crédito al sector privado y gobiernos seccionales.
De acuerdo a la proforma presupuestaria 2016, Ecuador tendrá un superávit permanente del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual es direccionado hacia la inversión en obras prioritarias que necesita el país.
¿Pero de qué se compone este rubro? Como lo explicó el presidente de la República, Rafael Correa, el superávit permanente es la diferencia entre los ingresos permanentes y los gastos permanentes, lo que se traduce en ahorro y acumulación para el sector público.
El Ministerio de Finanzas precisa que los ingresos permanentes “son aquellos que se mantienen durante un período de tiempo y son predecibles. En este campo están los tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los Consumos Especiales (ICE), a la Renta, a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros.
Los egresos permanentes, en cambio, son los recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúa siempre y que permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Estos no generan directamente acumulación de capital o activos públicos, conforme lo dispone el Artículo 79 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
En la proforma 2016 los ingresos permanentes ascienden a $ 22.559 millones, mientras que los gastos permanentes llegan a $ 17.412 millones. La diferencia entre ambos da como resultado $ 5.147 millones.
Significa que los egresos constituyen el 77,18% de los ingresos. Los primeros están financiados con los ingresos por recaudaciones de impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes, y otros ingresos.
Cuando ocurre esto, Finanzas describe que “se genera sostenibilidad de las finanzas públicas, transparencia y responsabilidad”, como sucedió también en la proforma 2015, donde los gastos permanentes representaron el 87% de ingresos permanentes.
Patricio Rivera, ministro de la Política Económica, anunció que el crecimiento promedio estimado para el próximo año será del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se sostiene gracias al sector no petrolero.
Desde que el Estado reestructuró la recaudación de impuestos, estos se han convertido en el principal rubro dentro de los ingresos permanentes con $ 15.489’701.480.
Por la parte de los gastos, el egreso más fuerte se concentra precisamente en el pago de personal con $ 8.789’691.178.
Subsidios
Los propios sectores empresariales se han hecho eco de la focalización de subsidios por parte del Estado, con el fin de destinarlos a quienes más lo necesitan.
El Gobierno escuchó el pedido y ha procedido a suprimir aquellas subvenciones que benefician a pocos, sin perjudicar a la mayoría de ciudadanos, al tiempo que ahorra recursos para ser redestinados a otras áreas.
Para el próximo año la cantidad asignada para esta categoría es $ 3.193 millones. En 2015 el número fue de $ 5.967 millones, lo que significa una reducción aproximada de $ 2.774 millones.
Con el Decreto Ejecutivo 799, expedido el 15 de octubre, se suprimieron los primeros subsidios al diésel que utiliza el sector industrial, y que, según información del Gobierno, representa apenas el 1% dentro de los costos de producción.
Un total de $ 337 millones de dólares ahorrará el Estado por este concepto.
El subsidio a combustibles (diésel, GLP nacional, GLP importado, nafta importada y otros importados) es de $ 1.888 millones, calculado con un precio de barril de petróleo en $ 35.
Un subsidio que no consta en el PGE 2016 son los $ 43.89 millones para el transporte interprovincial, y la compensación al transporte urbano de aproximadamente $ 50 millones.
El argumento, según indicó Fausto Herrera, ministro de Finanzas, es que a inicios de año se elevaron las tarifas del transporte interprovincial, cuando el subsidio fue creado en 2013 para evitar dicha alza, por lo que no se justifica mantenerlo.
La compensación al transporte urbano, en cambio, fue eliminada desde el PGE actual debido a que las competencias fueron asumidas por los gobiernos municipales.
La Seguridad Social recibirá $ 576 millones, de los cuales $ 162 millones son para el IESS, $ 279 millones para el Issfa y $ 134 millones para el Isspol.
Al subsidio de Desarrollo Social le corresponden $ 621 millones. Incluye el bono de desarrollo social, bono de discapacidades, pensión de adultos mayores, pensión para personas con discapacidad.
El subsidio agrícola a semillas para agrocadenas estratégicas es de $ 23 millones. El subsidio de vivienda (bono de vivienda) es de $ 49 millones. Y, finalmente, el subsidio al agua no potable, $ 34 millones.
Adicionalmente, el Ejecutivo prepara un programa de focalización de subsidios, que empezará con la racionalización de la subvención dentro del sector eléctrico.
De momento no se conocen detalles de cómo será esta focalización. Lo que sí se sabe es que el Estado pretende un ahorro de $ 120 millones por este motivo.
Desarrollo social
En el sector de desarrollo social, que incluye educación y salud, el Gobierno también define prioridades para no menoscabar los logros de los últimos años.
Según datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera, el presupuesto para esta área, en porcentaje del PIB, pasó en 11 años del 3,9% al 9,9%. Esto hizo posible, por ejemplo, revertir algunos indicadores sociales como el analfabetismo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el porcentaje nacional de personas que no saben leer ni escribir fue, en 2000, del 8,6% y para 2014, de 5,8%. En salud también se logó reducir la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 25,49 en 2000, a 12,11 en 2013.
Para el año que viene, el presupuesto destinado al área social es de $ 3.458’135.865, y esto permitirá dar continuidad a las obras ya iniciadas, así como los programas en marcha, entre ellos la entrega del Bono de Desarrollo Humano.
De acuerdo con información del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en 2013 se entregó esta ayuda financiera a 444.562 mujeres.
Los planes gubernamentales han hecho que, a lo largo de estos años, surja entre la ciudadanía la percepción de que las cosas se “hacen de mejor manera”. Esto quedó en evidencia en la encuesta realizada por Latinobarómetro en la cual Ecuador lidera 3 de los 25 indicadores, por encima de Uruguay y Bolivia.
El estudio revela que 56% de los ecuatorianos cree que en Ecuador se gobierna para el bien de todo el pueblo, y 49% cree que la distribución de la riqueza es más justa.
De momento, lo que se conoce es que se suprimirán las obras nuevas de infraestructura, por ejemplo las construcciones escolares, no obstante, la Constitución especifica que los presupuestos para educación y salud deben tener un incremento anual del 0,5%, y esto se cumplirá en 2016.
Inversión
Para enfrentar tiempos difíciles, el Gobierno ha diseñado una serie de estrategias cuya variable se encuentra en el Programa Anual de Inversión (PAI). La premisa es finalizar las obras iniciadas este año y priorizar al área social.
Aquello ha obligado a ajustar las cifras del PAI 2016 ($ 5.348 millones), que a comparación del actual se redujo en $ 2.768 millones. “El programa de inversiones solo cubre las obras en marcha, solo por excepción vamos a empezar nuevos proyectos, por ejemplo, cuando haya financiamiento externo”, dijo el Jefe de Estado en días anteriores.
De acuerdo a las directrices emitidas desde el Ejecutivo, al Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos le fueron asignados $ 1.296’752.835.
Aquí constan obras para la Secretaría Nacional del Agua, Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, entre otros.
Para el próximo año una de los más importantes proyectos que culminarían son las 8 centrales hidroeléctricas, cuya inversión asciende a $ 6.000 millones. Y por la cual se dejarían de importar más de $ 1.000 millones en combustibles.
La más grande de las hidroeléctricas, es la Central Coca Codo Sinclair, que registra un progreso del 89,47%. En esa obra se invirtieron $ 2.245 millones para su edificación y generará 1.500 megavatios de energía.
Según el SNI, 10 proyectos se encuentran actualmente en fase de ejecución en materia energética, con avances del 46% al 94%.
En el área de educación se ejecutan 14 proyectos, entre los que destacan el Instituto de la Universidad Yachay Tech. En salud son 13 proyectos en los que consta la construcción y repotenciación del Hospital Docente de Ambato.
Los otros rubros del PAI 2016 son: Desarrollo Social $ 457 millones; Producción, Empleo y Competitividad $ 935 millones; Igualdad $ 530 mil; Política Económica $ $ 37 millones; Seguridad $ 205 millones; Conocimiento y Talento Humano $ 935 millones; otras funciones del Estado $ 153 millones; y otras instituciones $ 1.327 millones.
