Tras el llamado al diálogo nacional planteado por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se generaron una serie de reacciones por parte de organizaciones y políticos de oposición al gobierno, gremios empresariales, así como de instituciones como la Iglesia Católica.
El dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, manifestó que aceptarán al llamado de diálogo del mandatario pero con la condición de que sea abierto, en presencia de los medios de comunicación y con una agenda amplia donde se analicen otras leyes como la de la Seguridad Social, la del Agua, la de la Tierra, entre otras, «ahí vamos a ir a ese diálogo», citado por un diario local.
Más temprano, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se congratuló por la apertura al diálogo al que consideró el único camino para encontrar soluciones “justas y razonables”, tras la decisión del presidente Correa de retirar temporalmente de la Legislatura dos proyectos de ley para la Redistribución de la Riqueza y para las Ganancias Extraordinarias (que busca regular la especulación con la tierra).
El presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, Richard Martínez, saludó también el retiro temporal de los proyectos de ley. Mediante su cuenta de Twitter, Martínez aseguró que el gremio está abierto al debate nacional y diálogo por el bienestar del país.
Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el banquero Guillermo Lasso, se expresaron este martes en contra de esta decisión y ratificaron su decisión de continuar con las manifestaciones.
El burgomaestre socialcristiano (derecha) consideró que el retiro temporal de las propuestas es “un engaño” porque no hay un retiro definitivo de las normas, por lo que ratificó que el próximo 25 de este mes, a las 15:00, saldrá a liderar una marcha por la avenida 9 de Octubre, la principal arteria vial de esta ciudad porteña, la más poblada del país.
El envío de los proyectos de normativas al Parlamento fue el detonante para violentas protestas de la oposición, especialmente en la ciudad de Quito, a las que el mandatario califica como claros intentos de desestabilización democrática.
Nebot, quien ya lleva 15 años en el cabildo guayaquileño, dijo que no solo se protestará contra las leyes propuestas y ahora dice que reclamará por la libertad de expresión, utilidades de los trabajadores y hasta por los fondos de cesantía de la Unión Nacional de Educadores (cuyo brazo político es el extinto MPD de extrema izquierda), entre otras iniciativas del Ejecutivo.
Una hora antes, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, instó al alcalde a desistir de la marcha «en beneficio de la paz social».
Esto lo dijo luego de anunciar que Centro Democrático no convocará a una marcha ese mismo día, según manifestó, para «no hacerle el juego a la oposición». Jairala señaló que, en caso de ser necesario, la agrupación política realizará un plantón para defender la democracia pero en otra fecha.
De su lado, el líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, quien dio a la misma hora una conferencia de prensa ante sus simpatizantes en el Centro de Convenciones de esta localidad, coincidió con Nebot al cuestionar el carácter temporal del retiro de los proyectos.
El banquero, quien se autoproclama defensor de la familia ecuatoriana, exhortó al gobierno a archivar definitivamente las propuestas de impuestos a la herencia y a la plusvalía y lo invitó a debatir públicamente sobre ambos proyectos.
También dijo que este viernes sus simpatizantes saldrán a las calles de Guayaquil a protestar contra el gobierno de Correa.
Durante una intervención el pasado lunes en el balcón del Palacio de Gobierno, el presidente ecuatoriano reiteró que los referidos proyectos no afectan a los pobres ni a la clase alta, poblaciones que han sido confundidas con una campaña de desinformación apoyada por medios de comunicación privados.
También dijo que sus detractores, Nebot y Lasso, no defienden a la familia sino el estado burgués que ha causado una “insultante desigualdad e injusticia social” y a especuladores de la tierra y poderosos conglomerados empresariales que están en manos en apenas un 2% de los 16 millones de ecuatorianos.
