Tras las protestas del pasado domingo en las que rechazan los actos de corrupción de Petrobras, la mandataria brasileña urgirá en el Congreso la aprobación de medidas contra el flagelo que afecta la sociedad brasilera.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunciará este miércoles una serie de medidas para el combate de la corrupcíón, las cuales serán sancionadas en el Congreso brasileño, que forman parte del programa de gobierno que presentó a los brasileños en la pasada contienda electoral. El ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo indicó que la intención de la mandataria es informar los detalles de la propuesta que ya fue entregada al líder del Senado, Renan Calheiros este martes.
El funcionario indicó que el documento tiene como finalidad fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en el gigante suramericano. La propuesta fue anunciada por Rousseff en 2014 durante su campaña presidencial y entre otras iniciativas prevé convertir en crimen los delitos de sobornos y desvío de dinero público.
Cardozo dijo además que la jefa de Estado considera urgente la aprobación de este paquete de medidas, garantizar su rápido análisis, discusión y aprobación por las dos cámaras del legislativo. “Se trata de algunas medidas que queremos sean también discutidas con los movimientos sociales y populares”, dijo el funcionario.
Las medidas que anunciará Rousseff se dan luego de que la oposición brasileña tomara las calles de varias ciudades el pasado domingo para manifestar en su contra. Unas 580 mil personas marcharon en Sao Paolo (sureste), 50 mil en Brasilia, 15 mil en Río de Janeiro, 24 mil en Belo Horizonte, para rechazar el escándalo de corrupción en la estatal petrolera y pedir la destitución de la presidenta, a la que acusan de saber lo que sucedía en Petrobras en los últimos años.
EN CONTEXTO
De acuerdo con las autoridades, el esquema de corrupción en Petrobras movilizó en términos de lavado de dinero y sobrefacturación unos 10 mil millones de reales (tres mil 850 millones de dólares) en obras y contratos de la petrolera. En diciembre pasado la presidenta Dilma Rousseff pidió castigo para los involucrados en el caso, al tiempo que enfatizó que en su país “no hay intocables”.
Actualmente, más de 30 legisladores del Senado y la Cámara son investigados como presuntos implicados en la trama de corrupción en Petrobras. Rousseff no será implicada en la investigación de la trama de corrupción por falta de evidencias que constaten su participación, dijo el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Teori Zavascki.
