Ley para Enfrentar Conflicto Armado ya suma nueve demandas de inconstitucionalidad
La Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, que estableció el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que está vigente desde el 12 de marzo, ya tiene nueve demandas de inconstitucionalidad. Dos de las demandas corresponden a gremios empresariales, como la Cámara de Industrias de Guayaquil y Cámara de Comercio de Guayaquil, que considera que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos.
Específicamente, cuestionan la contribución extraordinaria que debieron hacer las empresas para el gasto en seguridad.
Y es que la nueva ley dispone que todas las empresas paguen un impuesto único de 3,25% sobre el valor de las utilidades reportadas en 2022. La fecha tope de pago era el 31 de marzo de 2024.
Otras dos demandas fueron de gremios financieros, la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). Además, presentó una acción de inconstitucionalidad el Banco Bolivariano. En su escrito, la entidad financiera considera la ley incluyó un impuesto, disimulado bajo el nombre de contribución temporal, que obliga a los bancos y cooperativas a pagar hasta el 25% sobre sus utilidades gravadas. El impuesto bancario, como lo cataloga el Banco Bolivariano, se originó en una iniciativa legislativa “constitucionalmente improcedente, pues no consta en el proyecto original enviado por el Ejecutivo”. Y añade que solo el Presidente puede enviar iniciativas de impuestos a la Asamblea.
En cambio, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra del alza del Impuesto al Valor Agregado del 12% al 15%.
Asambleístas de la Revolución Ciudadana también presentaron una acción de inconstitucionalidad a la ley. Argumentaron que la ley no puede dar la facultad al Presidente para que, por decreto, modifique el IVA, pues se requiere una reforma legal. Y añaden que la ley debió ser tratada por la Comisión de Régimen Económico y no por la de Desarrollo Económico, que fue la que discutió el proyecto.
