La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, emitió hace dos semanas un acuerdo ministerial para asegurar que ningún funcionario público gane más de los $5.072 mensuales del presidente de la República.
Rodrigo López, docente y miembro de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), consideró que el anuncio gubernamental debe leerse en clave electoral.
“Los politólogos se refieren al concepto de significante vacío, que es básicamente un anuncio con impacto; pero sin efectos reales. Si se aplicara a rajatabla lo que dice la ministra, se tendría que bajar el sueldo a funcionarios como la fiscal general, que gana $5.500; a los generales, que ganan hasta $5.300 y a jueces, en medio del conflicto armado interno”, puntualizó.
La ministra del Trabajo llegó a decir que han determinado que unos 50.000 funcionarios públicos ganan más que el presidente y que, poniendo límite a esto (es decir bajando ciertos sueldos), se podría ahorrar $20 millones al mes o más de $200 millones al año. Hace casi un mes y medio, la USFQ determinó que se puede reducir el 30% de la nómina pública en puestos no esenciales, a través de suprimir partidas, comprar renuncias, desvincular contratos ocasionales, declarar en reestructuración algunas instituciones y prescindir de los nombramientos provisionales.
Todo esto generaría un ahorro de $442,7 millones al año sin tocar a policías, militares, educadores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud.
El problema es que el país está inmerso en un ciclo electoral que hace que estas medidas, que siempre tienen un costo político, se dejen en la congeladora.
Sin embargo, con una optimización de este tipo se pueden conseguir muchos más recursos que con medidas como rebajas de sueldos.
Aseguran que es un insulto a la clase trabajadora y a los ecuatorianos ciertos contratos colectivos en el sector público
Además de los “sueldos dorados”, los esfuerzos deben encaminarse a un análisis profundo sobre los costos y las condiciones de ciertos contratos colectivos, en las empresas públicas, pero también en los ministerios.
A través de esos contratos se han establecido beneficios en el sector público que no tiene ningún trabajador del sector privado, explicó Carlos Andrade, economista y consultor empresarial.
Se sugieren varias opciones, en primer lugar, establecer una moratoria en la negociación de los contratos colectivos, es decir, que no se firme un solo contrato colectivo más en la administración pública hasta que se defina qué va a pasar con este tipo de mecanismo.
En segundo lugar, se debe prohibir la incorporación de nuevo personal a los contratos colectivos existentes.
“Los contratos colectivos surgen como una defensa del trabajador cuando el empresario quiere abusar.
Pero, en el sector público, la negociación es con el Estado
Actualmente, se ven contratos colectivos como los de Petroecuador o Celec (Corporación Eléctrica del Ecuador), donde se
asegura estabilidad laboral de entre 5 a 7 años, entre otros beneficios como bonos excesivos, que van en contra de toda eficiencia económica.
El contrato colectivo para 5.300 empleados de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dejó un hueco patrimonial de $821 millones en esta institución, mientras que las facturas de energía eléctrica para los ecuatorianos crecen cada mes.
Esta es uno de los ejemplos del impacto negativo de ciertos contratos colectivos en el sector público
