“Un día de infamia para la justicia y la democracia”. Fernando Yépez Lasso

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El 7 de septiembre de 2020 será recordado como un día de infamia y vergüenza para la justicia y la democracia. La persecución, la judicialización de la política, la proscripción electoral de líderes progresistas estuvieron presentes ese día en el Ecuador, la región y el mundo con la ignominiosa sentencia condenatoria en el caso “Bochornos” y la consecuente proscripción de la candidatura en las próximas elecciones del Presidente Rafael Correa; con la revisión de las medidas cautelares dictadas contra la Prefecta de la Provincia de Pichincha, Paola Pabón, sobre la base de una información falsa, certificada como tal por varias Embajadas acreditadas en el Ecuador; en la inhabilitación en Bolivia de la candidatura como Senador del Presidente Evo Morales, víctima de un golpe de estado en noviembre pasado; y en la reanudación en Londres del juicio de extradición a los Estados Unidos de América de Julián Assange, que marca la persecución del denunciante de crímenes contra la humanidad por los perpetradores de tales hechos.

El caso “Bochornos” y su sentencia no resisten un análisis serio, según ha sido puesto en evidencia por juristas independientes. Pero la judicialización de la política no está marcada solamente por la carencia de fundamentos del caso, sino por la acción, la influencia y la presión ejercida sobre los órganos jurisdiccionales. Desinformación, manipulación, tergiversación y sentencias anticipadas con un único objetivo político: eliminar de la contienda electoral a Rafael Correa. La simple revisión de la gran prensa nacional en las últimas semanas corrobora lo anterior:  juristas que aseguraban que la sentencia estaba ejecutoriada antes del recurso de casación con todos sus efectos legales; conocidos articulistas que subrayaban que una sentencia absolutoria desataría protestas del Pacífico a los Andes o manifestaciones populares que cantarían “la Marsellesa”; otros periodistas marcaban una línea divisoria entre el bien y el mal, identificando al primero con una sentencia condenatoria; y numerosos activistas y periodistas muy identificados repetían dislates de esa naturaleza en las redes sociales.

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