Julián Assange enfrenta una sentencia de 175 años por publicar documentos del gobierno de EE. UU. que revelan pruebas de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos. La publicación de estas revelaciones de interés público fueron el resultado de la colaboración entre WikiLeaks y múltiples organizaciones de noticias como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y muchos otros. La decisión política de enjuiciar a Assange no tiene precedentes y provocaría un escalofriante precedente para todos los periodistas y editores del mundo.
El Washington Post informó en 2013 que la Administración Obama no había procesado a Assange porque no había forma de diferenciar las actividades de WikiLeaks de las de sus medios asociados, como The New York Times y The Guardian . La administración Trump desde el principio ha apuntado a Assange y ha buscado restringir la libertad de prensa y publicación.
La fiscalía argumenta que las protecciones constitucionales de Estados Unidos para la prensa y la libertad de expresión no se aplican porque Assange no es ciudadano estadounidense. La administración de Estados Unidos está haciendo valer la jurisdicción extraterritorial sin aceptar protecciones constitucionales para los ciudadanos extranjeros.
Los Estados Unidos han admitido, bajo juramento, que no ha encontrado ninguna evidencia de que alguien haya sufrido daños como resultado de las publicaciones de WikiLeaks. Los fiscales testificaron sobre esto en el consejo de guerra de Manning en 2013 y nuevamente antes de las audiencias de extradición de Assange en 2019/20.
