Ecuador renegociará la concesión del puerto de Manta
El Estado ecuatoriano renegociará el contrato mediante el que se delegó la administración del puerto de Manta a una empresa privada en 2016. Se lo dijo a PRIMICIAS Raúl Joniaux, actual gerente de la Autoridad Portuaria de Manta. Según Joniaux, ya están instaladas las mesas técnicas para renegociar el contrato con la chilena Agunsa y su representante en Ecuador, que es Terminal Portuaria de Manta (TPM).
Estamos inmersos en un proceso de renegociación, buscando mejores condiciones para el Estado ecuatoriano”, dijo el funcionario. En cuanto a la posibilidad de revertir la delegación del puerto, Joniaux dijo que eso sería perjudicial para la seguridad jurídica del país y ocasionaría el pago de indemnizaciones, como lo establece el contrato.
Manta es uno de los polos de desarrollo económico de Ecuador. La delegación de su puerto a manos privadas en 2017 creó expectativas, pero ese proceso resultó un mal negocio para la Autoridad Portuaria de Manta (APM). Tras la delegación del puerto a Agunsa, la APM pasó de ser una entidad rentable a tener un déficit que pone en riesgo hasta su viabilidad financiera. Esto lo admiten las autoridades y lo denuncia también un informe de Contraloría. A finales de 2016, tras la firma de delegación, el puerto se partió en dos: la terminal pesquera quedó en manos el Estado, concretamente de la APM. Mientras que la terminal internacional se delegó a Agunsa, que constituyó en Ecuador una compañía local: Terminal Portuaria de Manta (TPM).
Los accionistas de TPM son dos empresas: la chilena Agencias Universales S.A (Agunsa) y Agunsa Ecuador. De esta última son socios Xavier Ramírez Baquero y Grupra S.A. Grupra tiene ocho accionistas que vienen de familias emparentadas entre sí: dos hermanos Mendoza Ramírez, tres hermanos Ramírez Lascano, dos Ramírez Menéndez y, nuevamente, Xavier Ramírez Baquero. TPM firmó un contrato para la administración de la terminal internacional por 40 años. Es decir, hasta 2057, con la posibilidad de ampliar el plazo por una década más, es decir, hasta 2067. A cambio, TPM se comprometió a pagar un canon a modo de renta para el Estado. Y a realizar una serie de inversiones para convertir a Manta en un puerto de aguas profundas. Hay potencial para hacerlo. El puerto mueve anualmente dos millones de toneladas de carga. Cada dos meses se cargan 1.500 toneladas de pesca industrial. Al puerto llegan 40.000 vehículos al año y se mueven 30.000 contenedores.
Luis Alfredo Ortiz, exgerente de APM, explica el problema. “Cuando se delega el puerto, la Autoridad Portuaria de Manta no recibe los ingresos que antes percibía porque perdió un brazo. Ahora solo genera USD 2,8 millones por la operación de la terminal local”. Mientras que por renta recibe USD 500.000 de manos de Agunsa, dice Ortiz. En resumen pasó de percibir USD 6,8 millones al año a recibir USD 3,3 millones. “Desde ese punto de vista es un mal negocio”, sentencia Ortiz. APM, que era una entidad estatal autosustentable, ahora es deficitaria. “En 2018 llegamos a percibir USD 2,8 millones, lo cual es bajísimo, y gastábamos USD 3,9 millones”, agrega Ortiz. Hasta 2015 APM generaba utilidades de USD 2 millones anuales en promedio. Esas cifras son matizadas por el actual gerente de la APM. Para Raúl Joniux esto obedece “al terremoto de 2016 que dañó parte del puerto pesquero y de cabotaje que está a cargo de la entidad estatal. Se perdió espacio para poder recibir más buques, eso causa menores ingresos”. También culpa de la reducción de ingresos a la actual pandemia. En contraste, para TPM administrar la terminal internacional es un negocio redondo. Desde 2017 y hasta la actualidad sus utilidades han aumentado. Por ejemplo, en 2020 proyecta ganancias de USD 11 millones, mientras que por los cánones pagará apenas USD 831.000.
