El gobierno estadounidense anunció este lunes haber encontrado una posible forma de desbloquear el iPhone de uno de los autores de la masacre de San Bernardino sin la ayuda de Apple, en una vuelta de tuerca a este caso que ha llegado a los tribunales.
El Departamento de Justicia (DoJ) dijo que «una tercera parte» no identificada «demostró al FBI un posible método para desbloquear el iPhone de (Syed) Farook» el pasado domingo.
«Necesitamos probar este método primero para garantizar que no destruirá los datos que están en el teléfono, pero somos cautelosamente optimistas», afirmó la portavoz del DoJ, Melanie Newman.
«Por eso le hemos pedido a la corte que nos dé algo de tiempo para explorar estas opciones», agregó.
La jueza Sheri Pym aceptó por ello la petición del gobierno de anular la audiencia programada el martes en los juzgados de Riverside, al este de Los Ángeles, donde ambas partes debían exponer sus alegatos.
La magistrada encomendó sin embargo a Washington a informar sobre sus avances el 5 de abril.
Los últimos acontecimientos han dado un giro a la disputa, que ha puesto en cuestión si se debe garantizar la ciberseguridad y la protección de datos personales en investigaciones relacionadas con terrorismo.
El FBI asegura que el teléfono móvil puede tener información clave sobre la matanza del 2 de diciembre en San Bernardino, durante la que Farook y su mujer Tashfeen Malik mataron a 14 personas e hirieron a varias decenas en el peor ataque terrorista en el país desde el 11 de septiembre de 2001.
Ambos fallecieron posteriormente en un enfrentamiento con las autoridades.
Apple, sin embargo, estima que el FBI usa las pesquisas para forzarle a crear un software para acceder a los iPhones, que crearía un peligroso antecedente.
El gigante informático -que ha sido respaldado por una coalición de empresas tecnológicas que incluye a Google, Facebook y Yahoo!- afirma además que la demanda pone en jaque la privacidad de los usuarios.
«Necesitamos decidir como nación cuánto poder debe tener el gobierno sobre nuestros datos y nuestra privacidad», dijo este lunes el director general de Apple, Tim Cook, durante la presentación de los próximos productos de la compañía en su sede de Silicon Valley.
Pero Washington asegura que Apple no está por encima de la ley y que la orden judicial sólo pretende que la empresa asista técnicamente en la investigación desbloqueando el iPhone 5C de Farook.
«Es una orden limitada, con un objetivo específico (…) El gobierno y la población tienen que saber lo que contiene el teléfono del terrorista, y el gobierno necesita la ayuda de Apple para descubrirlo», escribieron los abogados del DoJ al tribunal de Riverside.
Empresas tecnológicas, expertos en seguridad y activistas de los derechos civiles temen que esto cree un precedente que forzaría a las empresas a proveer los datos de sus clientes siempre que las autoridades lo pidan.
«No es para nada un caso que concierne a este teléfono en particular», objetó Julián Sánchez durante una entrevista con la AFP.
«La preocupación es qué ocurrirá después, cuando se establezca como un principio jurídico que el gobierno no sólo les puede pedir a las empresas que le transmitan información, cosa que hacen hace tiempo, sino que además les puede exigir que fabriquen softwares para poder hackear sus propias medidas de seguridad», señaló.
«Los gobiernos que intentan quitar importancia a la codificación deberían pensárselo dos veces antes de abrir la caja de Pandora», advirtió en un comunicado el director adjunto para temas globales de Amnistía Internacional, Sherif Elsayed-Ali.
«Debilitar la privacidad digital podría tener consecuencias desastrosas en sociedades libres, sobre todo para activistas de derechos humanos y periodistas», subrayó.
