El Ministerio del Ambiente analiza varias opciones para los $ 41 millones que le devolverá el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Una de ellas, según el ministro Daniel Ortega, sería adquirir otros terrenos alrededor del Parque Samanes y así culminar la construcción de todas las etapas de esa zona verde.
El funcionario recordó que en Guayaquil existe un déficit de áreas verdes. Según establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada urbe debe tener 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. En el puerto principal por cada guayaquileño hay 2 metros cuadrados, según datos de 2010 del INEC. Ortega señaló que el levantamiento total del Parque Samanes contribuirá a aumentar las áreas verdes de la urbe. El Ministro explicó que falta adquirir 156 hectáreas al Issfa, para completar el parque antes de 2017.
Por otra parte estos $ 41 millones representan más del 80% del presupuesto anual (2016) asignado al MAE. Con ese monto, esa Cartera de Estado debe combatir el cambio climático, la pérdida de especies, la recuperación del estero Salado y todas las obras ambientales en beneficio de guayaquileños y de los ecuatorianos, explicó Ortega.
Con respecto al tiempo transcurrido desde la venta de los predios por parte del Issfa al MAE (diciembre de 2010), Ortega señaló que en 2013 la Secretaria Jurídica de Presidencia ya encontró una posible irregularidad al no usarse el catastro que ordenaba la Ley de Contratación Pública. “Desde esa fecha se ha buscado enmendar este hecho. El 18 de noviembre 2015 el Procurador emite un informe final para la devolución de los valores pagados en exceso”, recordó.
Sobre este punto se pronunció ayer Bolívar Silva, representante de los militares retirados en el directorio del Issfa. En una entrevista al portal Ecuadorinmediato, negó una supuesta votación de 6 a 1 para desacatar el fallo del Procurador.
Contó que los vocales se reunieron para analizar el pronunciamiento del Procurador. La decisión fue seguir la sugerencia. Pero Silva añadió que fue el Director del Issfa quien decidió no devolver el dinero.
Este pide el apoyo de los vocales del Consejo Directivo, que finalmente se lo dan, pero nunca hubo votación, afirmó Silva.
Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, aseguró que él envió cartas para que se rectificara la irregularidad en la adquisición de lotes que realizó el Ministerio del Ambiente. “Yo había mandado cartas reiterando que se rectifique y lo que había hecho es ratificar lo que todos sabemos, que hay una ilegalidad manifiesta de la compra-venta”.
De acuerdo a un documento del 14 de noviembre de 2010, Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente en ese entonces, fue la encargada de pedir el avalúo a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac) y al Municipio de Guayaquil. Sobre este punto, Mera aseguró que hubo “errores de buena fe” en aras de tener una buena relación con la institución militar.
“Para eso estamos enmendando, para evitar que haya glosas y situaciones que pueden ser más complicadas. Por eso se hizo el débito, porque no queremos tener el tema pendiente que puede complicar la administración del Estado”, añadió.
Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, dijo que existe tranquilidad en los cuarteles. Aseguró que las pensiones están garantizadas y recordó que 8 de cada 10 dólares que recibe un militar en servicio pasivo proviene del Gobierno. El funcionario también criticó el desinterés del director del Issfa en solucionar el problema con la cartera de Ambiente.
“No se puede permitir que los politiqueros pretendan hacer de un tema administrativo militar un tema político”, dijo Cordero en un conversatorio con la prensa internacional. Una opinión similar tuvo Mera.
El secretario jurídico de la Presidencia señaló que hay actores políticos como Andrés Páez, asambleísta por CREO, y militares en servicio pasivo, como Fausto Cobo (exmilitante del Partido Sociedad Patriótica) que pretenden usar a las Fuerzas Armadas.
A los uniformados les indican que sus pensiones de retiro serán reducidas. El Gobierno promovió una enmienda constitucional para garantizar el pago de estos beneficios. (I)
La historia
Con la promulgación de la Ley de Retiro Militar, el 26 de marzo de 1928, nace el sistema de pensiones para las Fuerzas Armadas que pasan al servicio pasivo.
Se crearon la cesantía, la caja de pensiones y otros beneficios, hasta que se expide la Ley de Seguridad Social de las FF.AA., el 7 de agosto de 1992, que da vida al Issfa.
Los beneficiarios del Issfa son el asegurado: el militar activo o pasivo, los aspirantes a oficiales y tropa, conscriptos, y dependientes y derechohabientes calificados como tales, el pensionista y el familiar del militar.
Los derechohabientes son los calificados como tales y con derecho a las prestaciones originadas por el fallecimiento del afiliado. Las prestaciones son seguros de invalidez, de retiro, de muerte, cesantía, maternidad de enfermedad, de accidentes profesionales, de vida militar, de fondos de reserva.
A las 17:30, la Tribuna de los Shyris lucía con pocos manifestantes. Poco a poco se congregó una multitud que protestó contra la decisión del Gobierno en el caso Issfa. No hubo alteraciones del orden público. Foto: John Guevara / El Telégrafo
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Proponen ir a Corte Constitucional
Militares retirados amenazan con destitución
Un grupo de exmilitares de la Federación Huancavilca rechazó el débito de $ 41 millones al Issfa. Tras una reunión en el casino de tropa de la Armada Nacional, los dirigentes salieron del recinto para formular declaraciones a la prensa.
Sergio Figueroa, miembro de la federación, sostuvo que “si el MAE en aquel tiempo, la ministra Marcela Aguiñaga, no observó el artículo 58 de la Ley Orgánica de Contratación Pública que menciona que el avalúo debió haber sido del Municipio, entonces fue negligencia del funcionario”.
Y alertó que si el Presidente de la República ordena que se devuelvan esos dineros “se estaría metiendo en funciones que le corresponden a la Función Judicial”. Según él, sí había una anomalía y si la Contraloría así lo considera debería irse a la justicia. “Los miembros de la tropa en servicio pasivo no estamos de acuerdo con que se haya tocado a la directiva del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y los nuevos deben ratificarse en la decisión del anterior consejo directivo”.
Incluso manifestó que si el Presidente persiste invocarán el artículo 130 de la Constitución, que estipula que la Asamblea podrá destituir al Presidente por arrogarse funciones que no le competen.
“En el caso de que el Presidente persista en que tiene que devolverse de un plumazo, nosotros haremos valer nuestro derecho yendo a la Corte Constitucional para que la Asamblea dirima el cese de las funciones del Presidente de la República”, anunció Figueroa. La Federación Huancavilca agrupa a personal en servicio pasivo de tropa de la costa y es filial de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo República del Ecuador. (I)
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Reacciones a favor del régimen
Organizaciones civiles rechazan postura de FF.AA.
Integrantes de Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador manifestaron ayer su apoyo al Gobierno en torno al cambio del Alto Mando Militar, dispuesto por el presidente Rafael Correa.
Este pronunciamiento se realizó luego de que el Jefe de la Nación explicara en el enlace sabatino las razones por las cuales el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) debe reembolsar $ 41 millones al Ministerio del Ambiente.
En una rueda de prensa ofrecida ayer, las organizaciones instaron a la ciudadanía a rechazar las posturas de los sectores de oposición que acusan al Gobierno de afectar el presupuesto del Issfa, tras la compra de unos predios en Guayaquil (provincia del Guayas).
Eduardo Meneses, representante de la Universidad Popular del Buen Vivir, explicó que se utilizó como pretexto este caso administrativo del Issfa para que salten los miembros de partidos políticos de oposición y convoquen movilizaciones. “No somos ingenuos. Sabemos que estamos entrando a un año electoral y que cierta cúpula militar cree que puede negociar cosas con el Gobierno”, dijo.
Nilo Guerrero, presidente de la Asociación Mayoritaria Afrodescendiente del Ecuador (Amae), rechazó la postura de los militares en servicio pasivo que se concentraron en los exteriores del Ministerio de Defensa, en rechazo a la devolución del monto. “Creemos que las Fuerzas Armadas no deben seguir con ese desafecto que tienen en contra de un proceso por el progreso del país”, subrayó.
Fabián Tituaña, de la Confederación de Trabajadores Profesionales y Servidores Públicos, advirtió que este conflicto se está generando desde el sector de derecha sin dar ningún tipo de pronunciamiento.
