El fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, se reunió con el general Luis Garzón, comandante General de las Fuerzas Armadas, antes de la audiencia del lunes que se sigue por los crímenes de lesa humanidad, la cual no se concretó.
En una entrevista a Radio Pública el funcionario detalló: “En algún momento le dije al comandante: pedir perdón”, detalló Chiriboga, sobre ese encuentro.
Indicó que este hecho no es necesariamente realizar una expresión pública sino “que se pida perdón a ellos mismos, a sus creencias; es decir al contexto, pero mostrar un cierto arrepentimiento sobre lo que ocurrió”, agregó.
Chiriboga relató que el razonamiento del comandante es que ellos siguieron disposiciones legales, con base a la Ley de Seguridad “que fue aprobada un día antes de que el país vuelva al régimen constitucional”.
Allí le habría explicado que “no es un caso de venganza de parte de las víctimas” y que el proceso judicial debe concluir, estableciendo las responsabilidades que los jueces determinen, porque fue un episodio doloroso para la historia del país y amerita que haya una reparación a las víctimas.
Para el Fiscal, esos hechos “no fueron algo normal”. “No es lo que un sistema democrático puede permitir que ocurra y por ello hay que rectificar esos procesos y sacar de la ideología de ciertos estamentos el criterio de definición de terrorista como enemigo y el hecho de pensar que por ello se actúa con base a esa definición”.
Estas declaraciones emitió el funcionario luego de quedar diferida la audiencia de juicio, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por la ausencia del coronel Mario Ricardo A.W., uno de los sindicados. Javier Arregui Camacho, su abogado, presentó un certificado a cargo del Hospital Militar.
Indicó que su cliente tuvo un problema cardíaco por lo que fue internado a las 04:00 del lunes y presentó un certificado médico.
Ricardo A.W. no es el único procesado. Otros 4 miembros del alto mando militar (Nelson E.G., Marcelo D.A., Guillermo R.A. y Raúl V.V.) fueron señalados como presuntos autores de la violación de derechos humanos fundamentales contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, quienes integraron el grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).
Chiriboga reiteró que la presencia de la cúpula militar, en la sala de la CNJ, es importante porque podrán acompañar el proceso, escuchar las argumentaciones de la Fiscalía y de la defensa para que se hagan una opinión informada.
El Fiscal señaló que el diálogo mantenido con Garzón también fue para aclarar los términos bajo los cuales se desarrollará el juicio.
Aclaración sobre diferimiento
Esta no es la única postura de la Fiscalía. Chiriboga indicó que la entidad no considera que un certificado médico sea suficiente excusa para suspender la audiencia y cuestionó que la defensa del coronel no informara a la Fiscalía sobre este particular.
Ante esta situación, Chiriboga dijo ayer que en el oficio emitido a la Corte solicitó una copia certificada de la justificación médica, copia certificada de la historia clínica y de los exámenes realizados el día que ingresó al hospital. Además, detalle de los tratamientos debieron ser adjuntados al certificado médico para ser presentados al Tribunal. El abogado Arregui Camacho reiteró que se justificó debidamente a la sala la ausencia de su defendido.
“Está debidamente justificado con los certificados médicos y en esa virtud por la ausencia no provocada del coronel se derivó la ausencia de mi defendido”.
“La tensión del llamamiento a esta audiencia, los problemas que implica este caso determinó que sufra un colapso cardíaco”, reiteró.
El defensor añadió que su defendido tiene 67 años, lo que implica que su condición sea delicada. Desvirtuó de que este problema de salud sea un incidente para interrumpir la audiencia de juicio.
“Todo está justificado por el hospital de las Fuerzas Armadas (…) Ningún médico va a poder presentar un certificado que no es y el cuadro de salud del coronel ya estaba justificado con debida antelación de que ya tenía problemas de salud”.
Arregui indicó que en ocasiones anteriores se presentaron certificados que determinan la condición del coronel.
Juan Pablo Albán, abogado de Susana Cajas y de Luis Alberto Vaca, señaló que es derecho de los procesados que no se realice el juicio en su ausencia. “No se los podrá juzgar hasta que se presenten a la justicia o sean aprehendidos”.
No obstante, reiteró que tiene que continuar el proceso para que se conozcan las agresiones que sufrieron sus defendidos en noviembre de 1985. Estas fueron detención ilegal arbitraria, tortura (tanto psicológica como física), violencia sexual en contra de Cajas y hasta desaparición forzada
