Los comerciantes de aletas de tiburones piden seguridad jurídica y que se les devuelva el producto y los bienes incautados.
Ellos ayer protagonizaron una marcha desde Playita Mía hasta la Fiscalía y luego terminaron en el Viceministerio de Pesca.Los comerciantes con pancartas y altos parlantes reclamaban la definición judicial sobre los allanamientos en seis bodegas realizados en mayo por la Policía y el Ministerio de Ambiente, donde presuntamente se encontró 100 mil aletas.
Ángel López, comerciante, manifestó que llevan cerca de cuatro meses esperando que el Viceministerio de Pesca se pronuncie sobre los allanamientos a las plantas secadoras de aletas y que haga respetar en el juicio que siguen a un grupo de vendedores, las guías de movilizaciones que prueban que el negocio es lícito.
Miguel Macías, a quien le allanaron su bodega y le detuvieron a su esposa, dijo que no entiende cómo es que el Ministerio de Ambiente le cerró su bodega y le incautó las aletas, cuando esta misma secretaría de Estado, avala este negocio con los permisos que entrega.
Él agregó que durante el allanamiento nunca pidieron los documentos o guías de movilización certificadas por el Viceministerio de Pesca.
“En estos momentos vivo la peor crisis porque toda mi inversión en aletas está incautada, al igual que mi bodega”, anotó.
Reunión. La viceministra de Pesca, Pilar Proaño, recibió a cinco delegados de comerciantes y armadores artesanales para tratar el tema de las aletas incautadas. La prensa no tuvo acceso a la reunión.
Jorge Chiriboga, dirigente, señaló que en la reunión la funcionaria les aseguró que emitirá un informe al Ministerio de Ambiente sobre este reclamo para que reconozca las guías de movilización emitidas por Pesca, y que en 15 días los vuelve a recibir para conocer los resultados. Chiriboga indicó que están planteando que en la nueva reunión esté presente un delegado del Ministerio de Ambiente.
