La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional continuó con la recepción de observaciones y propuestas en torno al proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Esta vez, escuchó a los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con la presencia de un significativo número de jubilados y ante la preocupación de que con la eliminación del aporte del 40% por parte del Estado, se suspendería el pago de las pensiones jubilares.
La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, aclaró que el organismo Legislativo tiene los informes de los estudios realizados y del análisis técnico por parte del IESS, en los que se evidencia que no existe ninguna posibilidad que se suspenda el pago de las pensiones jubilares.
El director del IESS, Andrés Ponce, recalcó que el Estado no debe un solo centavo al Instituto por el 40% que estipula la Ley, ya que el Ministerio de Finanzas ha hecho todas las transferencias hasta la fecha. Explicó que para el 2015 el 40% representa 1.200 millones de dólares, valor que consta en el Presupuesto General del Estado.
Antonio Tipán, funcionario del IESS, enfatizó que de ninguna manera se suspenderá el pago de pensiones y existen los recursos en el IESS para solventar estas obligaciones. Precisó que el estudio actuarial recoge las condiciones de aportación, las condiciones de jubilación, el tipo de pensiones con sus máximos y mínimos.
Aclaró que en la modificación al artículo 237 de la Ley de Seguridad Social no se elimina el aporte del Estado. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, destacó los avances en cuanto a seguridad social y precisó que éste ha sido el único gobierno que ha pagado al IESS 3.500 millones de dólares y que con el proyecto se determina con claridad la obligación de solventar cada una de las pensiones.
En otro tema, la Comisión recibió a los trabajadores de las operadoras telefónicas privadas. Esteban Villalba en representación de los trabajadores, cuestionó la modificación al Art. 97 del Código de Trabajo que se incluye en el proyecto de Ley de Justicia Laboral, argumentando que este es inconstitucional, regresivo y discriminatorio al pretender rebajar sus utilidades.
El artículo en mención plantea que el techo de las utilidades sea de 24 salarios básicos unificados incluyendo las cargas familiares y los excedentes se destinarán a prestaciones solidarias para el IESS. Los legisladores también escucharon el testimonio de Paola Dávila y Pamela Yépez trabajadoras de la operadora Movistar, quienes señalaron que la reducción de las utilidades afectaría la economía del hogar, toda vez que ese dinero lo utilizaban para la educación salud y vivienda de sus hijos./ Asamblea Nacional
