Bajo la lógica de la sentencia del TCE contra Pabel Muñoz, también se debería sancionar a Daniel Noboa, según abogado
El abogado Romel Jurado destacó que la ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sobre la denuncia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sienta un pésimo precedente para el resto de autoridades, incluso para el propio presidente Daniel Noboa.
Jurado explicó que el artículo 61.2 de la Constitución establece que todos los ecuatorianos tienen derecho de participar en asuntos de interés público, sin embargo, los funcionarios tienen una limitación, que se establece en el Código de la Democracia.
El jurista detalló que mientras un alcalde, prefecto o presidente de Junta Parroquial ejerza sus funciones no puede persuadir o inclinar el voto hacia alguna candidatura o decisión respecto a una consulta popular.
“Pero uno no es alcalde las 24 horas del día. Cuando ya no ejerce funciones, es un ciudadano común que tiene el derecho a ir a una reunión política y hacer un pronunciamiento político”, agregó.
Romel Jurado aclaró que no se trata de contabilizar el número de horas en las que una persona ejerce como autoridad pública, sino de evidenciarlo en los actos de gobierno y en las funciones del cargo.
El abogado ejemplificó con el presidente Daniel Noboa, quien dentro del palacio de Carondelet emite decretos, pero fuera de ese lugar, él puede reunirse con compañeros de su partido y hacer pronunciamientos políticos.
“El precedente del TCE es funesto porque anula la posibilidad de que actores políticos hagan pronunciamientos políticos”, mencionó.
Jurado sostuvo que el mismo consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas, ha reconocido que su denuncia contra Pabel Muñoz, la hace como un ciudadano común y no como una autoridad pública, es decir que se separa de su condición de funcionario.
“Pero en cambio no le reconoce esa posibilidad al alcalde de Quito, eso es absurdo”, reiteró.
De otro lado, el abogado Romel Jurado recordó que el presidente Daniel Noboa hizo campaña por el SI en la consulta popular en todos sus actos de gobierno, entonces bajo la lógica de la actual sentencia del TCE el mandatario también debería ser sancionado.
