AME exige al Estado garantizar la vida de los 221 alcaldes del Ecuador

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Desde el 2023, todas las alertas se han levantado por los crímenes en contra de autoridades, alcaldes y concejales, así como de candidatos. En junio del año pasado asesinaron al concejal de Esmeraldas, Jairo Olaya; en julio, al alcalde de Manta, Agustín Intriago; en agosto al presidenciable y exasambleísta Fernando Villavicencio. No han sido los únicos casos. En este 2024, ya han asesinado a otros tres alcaldes de San Vicente, en Manabí; Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; y Portovelo, en El Oro.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se pronunció, este viernes 19 de abril del 2024, a horas del asesinato del alcalde de Portovelo, Jorge Maldonado.

«La ola de violencia que ha cobrado la vida de dos alcaldes ecuatorianos en menos de una semana es una señal de alarma que no podemos ignorar», dijo Patricio Maldonado, presidente de la AME. Estos actos, señaló, no solo son tragedias individuales sino indicativos de una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la vida de todos los líderes municipales.

Los alcaldes y alcaldesas del Ecuador somos, se lee en el comunicado de la AME, blancos vulnerables por nuestro trabajo en el territorio y la lucha contra grupos delincuenciales y es imperativo que se reconozca la magnitud de este peligro.

Ante esa emergencia, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) exige al Estado y a las autoridades correspondientes una acción inmediata y decisiva para garantizar la seguridad de los 221 alcaldes y alcaldesas del Ecuador.

La protección a los alcaldes no es solo una cuestión de justicia sino un requisito esencial para el funcionamiento de la democracia, dicen. Demandan soluciones, para que puedan seguir sirviendo a sus cantones.

Un ejemplo que muestra la gravedad de la situación es lo ocurrido con Luis Chonillo, alcalde de Durán. Desde el 15 de mayo, día de la posesión, sufrió un atentado. No duerme más de dos noches en un mismo sitio y ve a su familia solo una vez al mes. Teme por su vida, todo el tiempo usa chaleco antibalas. El Estado no ha logrado garantizar su seguridad.

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