Los casos Metástasis y Purga han destapado las irregularidades que existen en el sistema judicial. En ambos casos se encuentran procesados jueces y abogados, como Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, o Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.
Las historias de supuesta compra de jueces han provocado reacciones dentro del gremio judicial. Así, la abogada Priscila Schettini comentó que las irregularidades cometidas por los procesados estigmatizan a todos los profesionales que se mueven en ese campo.
“Por un lado, muestra que el ejercicio del derecho puede estar al servicio de la corrupción, el delito, el poder político y económico. Y, por otro, hace caer en el error de la generalización pues hay abogados y abogadas que sí creen en la justicia y que luchan para alcanzarla”.
Schettini indicó que, además, en las aulas de las universidades no se les enseña cómo lidiar con estas situaciones. “Muchas veces, incluso, se da valor a la negociación con el juez, al tráfico de influencias. Se normatiza eso”.
También indicó como ejemplo, que un estudiante le contó que una persona nombrada en el caso Purga, que es profesor universitario, les dijo supuestamente a sus alumnos: ‘Chicos, tienen que aprender a lavar bien’. Obviamente, de ahí fácilmente se deriva el ‘robarán bien’”, mencionó.
En los casos Metástasis y Purga se conoció que, entre las irregularidades cometidas, se encuentra el tarifario que cobraban los jueces para emitir un dictamen. Así, en la Corte Provincial del Guayas, quienes querían beneficiarse de un recurso de habeas corpus o evitar la instalación de una audiencia, debían pagar.
En los chats expuestos por Fiscalía se reveló las tarifas que cobraran en la Corte Provincial del Guayas. Así, para evitar la instalación de una audiencia se debía pagar USD 1 000 para cada juez, para obtener un fallo a beneficio se debía cancelar USD 40 000, y para salir libre de una causa se debía entregar USD 80 000.
