El juez Carlos Fuentes, de la Unidad Judicial Civil de Quito, aceptó la acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo para el pago de remuneraciones adeudadas por parte del Estado a los funcionarios públicos, entre los primeros cinco días de cada mes.
El magistrado ordenó al Estado el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados. Así como declaró la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica de los trabajadores del sector público.
En tanto, se dispuso que se lleven a cabo ciertas medidas de reparación a los trabajadores y ordenó al presidente Lenín Moreno que «defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país», señala la Defensoría del Pueblo.
El defensor Freddy Carrión indicó que el incumplimiento de la resolución puede acarrear la destitución del funcionario que esté vulnerando los derechos de los trabajadores de las entidades públicas, por lo que espera que el Gobierno deje de atender el pago a tenedores de bonos y procure el pago inmediato de los sueldos a los servidores públicos.
