La participación ciudadana es un mandato legal en todos los niveles de Gobierno. Según la Constitución es una parte fundamental en la estructura del país.
Una de las obligaciones para los gobiernos autónomos descentralizados es que el presupuesto sea participativo, es decir cuente con el aporte ciudadano en todos los niveles de Gobierno. Así lo establece la Ley de Participación Ciudadana en el artículo 71.
Una de las formas de hacer efectivo el derecho es participar en las capacitaciones que ofrece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La última se realizó en Guayaquil y albergó cerca de 200 líderes de Guayas, Azuay y Chimborazo. Los asistentes participaron en mesas temáticas para conocer lo que estipula la ley sobre el rol de los ciudadanos.
Entre los resultados de 2 días de trabajo surgieron propuestas que serán analizadas por las autoridades locales para implementarlas como mecanismo de transparencia y cumplimiento de la ley.
Esta es una herramienta que debe ser validada por los representantes de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Por eso el 15 de septiembre el Consejo firmó un convenio con los representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Consejo nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare).
El objetivo es que la ciudadanía participe activamente en la construcción de las políticas públicas. Pero uno de los municipios ausentes es el de Guayaquil, pues con este no han existido acercamientos.
DATOS
En el artículo 85 de la Constitución consta que “en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”.
Primero viene la participación, luego el control social en donde están las veedurías y posteriormente la rendición de cuentas.
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Copfp), y la Ley de Participación Ciudadana, además de la Constitución, determinan regulaciones de cómo se deben manejar los distintos niveles de gobierno en el tema de participación.
El título VII de la Ley de Participación Ciudadana, desde el artículo 67 hasta el 71, desglosa la forma de aplicación y la obligatoriedad de cumplir con la participación.
Desde que se firmó el convenio, el Cpccs dividió al país en grupos para realizar talleres en donde participen todos los ciudadanos. Ya se han realizado 3 capacitaciones y aún faltan 2. El 24 y 25 será en Lago Agrio, sigue Napo y se culminará en Cañar.
Luego se elaborará un documento para saber cuáles son las recomendaciones que tienen los ciudadanos para los diferentes niveles de gobierno.
La presidenta del Cpccs, Raquel González, indicó que estos encuentros buscan “crear territorios transparentes y participativos como una oportunidad para fortalecer la acción pública, teniendo como protagonistas a los propios ciudadanos”.
El coordinador regional de la AME, Mario Cedeño, afirmó que los municipios del país están comprometidos junto al Cpccs en esta labor por transparentar los procesos y luchar contra la corrupción en la esfera de lo público.
Los gobiernos descentralizados tienen que llegar a acuerdos con la ciudadanía sobre la asignación de su presupuesto. La ley obliga a que el presupuesto público en parroquias, cantones y provincias sea distribuido en diálogo con los ciudadanos.
La importancia del taller radica en que se trabaja con las autoridades de los gobiernos locales, quienes deben cumplir lo que dicta la ley. Por eso Tania Villena, delegada del Conagopare, dijo que en estos encuentros se pueden conocer directamente las falencias.
Recomendaciones ciudadanas
En la mesa que abordó la problemática de presupuestos participativos se determinó que este mecanismo no se aplica y que existen problemas que deben corregirse.
Fernanda Ramírez, expositora en representación de las 35 personas que participaron del debate en esa mesa de trabajo, expuso la conclusión: se necesitan mecanismos efectivos de participación por parte del Cpccs.
Los ciudadanos recomiendan que las comunicaciones sean más activas. Wendy Chávez, una de las asistentes del taller que se realizó en las instalaciones del Servicio de Capacitación (Secap), indicó que en la actualidad los gobiernos locales realizan la convocatoria a través de publicaciones en la prensa, para mostrar que cumplen con el requisito, pero no todos los ciudadanos se enteran. No hay una verdadera inclusión de la ciudadanía, lamentó la señora.
Por ello piden una campaña para que los ciudadanos tengan conocimiento pleno de los eventos y puedan participar activamente. Esto va de la mano con la creación de escuelas de formación ciudadana y que en la educación básica se incluya una materia para que las personas sepan sus derechos y cómo hacer uso de ellos.
“¿Cómo podemos hacer cumplir nuestros derechos ciudadanos si no los conocemos? Por eso la propuesta es que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) destinen un presupuesto al tema de participación. Que también lo difunda el Consejo a través de los medios de comunicación”, resaltó Ramírez.
Otro pedido generalizado en todas las mesas de trabajo es que en la ley se establezcan las condiciones adecuadas para quienes trabajen en temas de participación ciudadana. “Muchos somos trabajadores tanto públicos como privados y nos vemos en la necesidad de mentir en nuestros trabajos para participar en las actividades. La ley debería garantizar nuestro derecho a participar con espacios para participar libremente”, explicó Ramírez.
Por ello también plantearon hacer una propuesta sobre este tema al Ministerio de Trabajo. También resaltaron que es necesario fortalecer las escuelas de formación y que el Consejo les entregue credenciales que sean un aval para dirigirse a la ciudadanía.
La secretaria técnica de Participación Ciudadana, Maribel Ruiz, explicó que las personas pueden participar en la toma de decisiones sobre los recursos económicos que manejan los gobiernos descentralizados. La ciudadanía puede priorizar las obras según la conveniencia de los territorios.
El objetivo del Consejo es crear modelos de gobierno transparente para que sean replicados en todas las entidades.
Presupuesto del próximo año
Para el presupuesto que estará vigente en 2016 los ciudadanos participaron desde junio a septiembre. Ahora, en diciembre, se debe hacer la votación final y aprobarla según el trabajo realizado.
En los talleres también participan los representantes de las autoridades y por ello luego se sintetiza la información y se arma un modelo de gobernabilidad para en función de ambas necesidades fijar mecanismos específicos.
El cumplimiento de la inclusión de la ciudadanía se revisará en la rendición de cuentas que se realiza en enero.
Los GAD están obligados a publicar el proceso de elaboración de los presupuestos como parte de la transparencia, pero al momento el Cpccs no tiene una cifra oficial de cuántos gobiernos locales cumplen con el requisito.
Los sistemas de participación ciudadana incluyen los Consejos de Planificación, que son delegaciones de las asambleas parroquiales, cantonales y provinciales. Estos consejos priorizan las necesidades que serán atendidas en cada nivel de territorio, definen un plan de trabajo para atender los requerimientos y le dan seguimiento. (I)
