La consulta prelegislativa por el proyecto de Ley de Tierras entró en la recta final. Ayer, dirigentes campesinos e indígenas se dieron cita en la Asamblea para analizar esta norma y recolectar sugerencias antes de que la Comisión de Soberanía Alimentaria prepare el informe para segundo debate que se prevé esté listo a finales de este mes.
Líderes comunitarios de Chimborazo, Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Pichincha, Azuay… se congregaron en el salón de los expresidentes de la Legislatura, en donde el asambleísta Miguel Carvajal (Alianza PAIS), presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, les dijo que la nueva normativa mejora la institucionalidad de la gestión de tierras en el país. “No podemos seguir como ahora, que en solo cuatro distritos se pueda legalizar los predios (…). Eso va a cambiar y en todas las provincias se podrá registrar los terrenos”.
La gente lo miraba atentamente mientras exponía los alcances de la ley, ¿pero cómo avanzó la consulta prelegislativa sobre este tema en estos meses? En el salón se colocó una pantalla gigante en la que apareció el número de organizaciones y provincias a las que llegó la consulta.
Los legisladores visitaron 23 provincias e intervinieron 6.480 personas. En total, 618 grupos participaron en las citas.
Entre los asistentes se encontraba Rodrigo Collahuazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo. A su juicio, la nueva Ley de Tierras es un avance porque en la consulta intervinieron los pueblos indígenas, afroecuatorianos y cholos. Agregó que no es adecuado “continuar con la Ley Agraria (vigente), que es fruto del neoliberalismo, ahora llegamos a otra que cuenta con la participación de pueblos y nacionalidades”.
Lo acompañaban otros 18 dirigentes de la Sierra. Uno de ellos era Miguel Ángel Carlosama, de la comunidad Pungohayco, de la parroquia de la Esperanza (Ibarra-Imbabura). Él afirmó que, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno, las organizaciones sociales y campesinas deben permanecer atentas porque la derecha y los terratenientes no quieren que la situación agraria del país cambie. “La pobreza continúa en las áreas rurales y es importante que los grupos logremos mayor capacidad de gestión y movilización para exigir que el Gobierno cumpla con la revolución agraria”.
Los dirigentes llegaron a Quito por vía terrestre y algunos destacaron las innovaciones que se presentan en el proyecto de normativa. Abel Navas, del cantón Daule (Guayas), destacó los logros de la iniciativa, pero pidió que se incluya a las comunidades y pueblos en la toma de decisiones.
Los alcances de la Ley de Tierras
Carvajal explicó que en la norma se establecen parámetros para la expropiación y redistribución de predios. Cuando no se cumple la función social y ambiental -precisó el legislador- se puede expropiar predios privados superiores a 75 hectáreas en la Costa, 100 en la Amazonía y 25 en la Sierra.
“El Estado no puede expropiar las propiedades de tamaño inferior a lo planteado, que son generalmente terrenos de familias dedicadas a la agricultura. Más bien tiene que ayudar y fomentar la producción”, manifestó el legislador.
Sin embargo, si alguien posee grandes superficies de tierra que no producen, procederá la expropiación. “El Estado les pagará su justo valor y esa tierra pasará a ser redistribuida entre organizaciones de campesinos pobres que no tienen tierra o poseen terrenos de mala calidad”, comentó Carvajal.
A la cita de ayer fueron convocados los dirigentes de las organizaciones Conaie, Feine, FEI, AMAE, Amaru, Fenocin, Fenacle, Fedomec, CNC-EA, Confeunassc-CNC, CDM-DS, la Confederación Nacional Afroecuatoriana.
En los diálogos se logró 93,7% de consensos y 6,3% de disensos. Uno de los acuerdos a los que se llegó es que el Estado debe garantizar el reconocimiento y legalización de la posesión ancestral de tierras y territorios.
Asimismo, se logró que el Estado garantice la propiedad comunitaria de la tierra, la seguridad jurídica de esta y el ejercicio del derecho colectivo de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades. Otro fue que se asuman corresponsabilidades y cooperaciones por parte del Estado y las comunidades para adoptar medidas que protejan los ecosistemas frágiles, prevenir la contaminación del suelo y las prácticas productivas nocivas.
Los temas más importantes que se consultaron fueron el reconocimiento y legalización de la posesión ancestral, el uso y usufructo de terrenos en territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así como la participación social y resolución de conflictos.
Antes de esta consulta prelegislativa se realizaron las audiencias provinciales con organizaciones de primer y segundo grado, en los cantones de 23 provincias del país. Con estas actividades, la Asamblea dice que “cumple la sentencia de la Corte Constitucional en torno a la ejecución de la consulta prelegislativa”. (I)
Datos
En la consulta prelegislativa se presentaron nuevas propuestas. Una es implementar un registro interno de la asignación de tierras comunales.
Además, solicitaron que se coordinen, con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, criterios de proporcionalidad para los tributos de las tierras de acuerdo al tamaño y aptitud del suelo.
También pidieron establecer parámetros legales a las tierras privadas que se encuentran en reservas ecológicas sin afectar el derecho a la propiedad. Así como fomentar el desarrollo en la frontera.
Y finalmente controlar la especulación de terrenos en zonas de frontera por parte de extranjeros y permitir enajenar a los dueños de tierras una vez que ellos obtengan la titulación del predio.
