Un grupo de relatores de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por las recientes medidas del Gobierno de Ecuador para disolver a la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
«Miembros de asociaciones, particularmente aquellos dedicados a defender los derechos humanos, deberían gozar plenamente del derecho a la libertad de expresión y, en particular, la libertad de ser abiertamente críticos con políticas y prácticas gubernamentales», resaltaron los expertos.
La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) notificó el 8 de septiembre de 2015 a Fundamedios de su procedimiento de disolución por haber incumplido con los artículos 6 y 9 de sus propios estatutos y del artículo 22 del Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (RUOS).
Los artículos 6 y 9 de Fundamedios señalan que «la Fundación como tal no podrá ejercer asuntos de carácter político, racial, laboral, sindical y religioso. Tampoco podrá realizar actividades de crédito y comercial». Y que será una organización «de carácter social».
Mientras el artículo 22 del RUOS sanciona con la disolución a quien se desvíe de los fines y objetivos para los cuales fue creada; además de dedicarse a política partidista, entre otros.
La resolución del Gobierno otorgó un período de 10 días para que Fundamedios pudiera presentar su defensa. El 14 de septiembre de 2015, la organización solicitó que se garantice el debido proceso, pruebas de las presuntas actividades, y se acogió al derecho constitucional a la resistencia, ante el proceso de disolución que inició la Secom.
«Las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia por parte del Estado», dijeron los expertos. «El discurso no puede ser reprimido simplemente porque pueda ser interpretado como que ‘es político’».
Los relatores destacan que el papel de la libertad de asociación es una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de los defensores de derechos humanos, quienes pueden lograr de manera colectiva un mayor efecto para los integrantes de un grupo o sociedad en avanzar y obtener fines lícitos.
«La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática», explicaron los expertos.
El grupo de expertos denunció las normas nacionales invocadas en el proceso contra Fundamedios y aplicadas previamente en el cierre de otra importante organización no gubernamental a fines de 2013, y pidió su revisión a la luz de los estándares internacionales. «El Decreto Ejecutivo No. 16 establece restricciones inaceptables a la libertad de expresión y asociación en el país, dándole poder a las autoridades estatales para cerrar organizaciones basadas en condiciones muy amplias y ambiguas», dijeron.
«Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes», subrayo el grupo, e indicó que «la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación».
La documentación de la Secom incluye imágenes de tuits publicados por Fundamedios con enlaces a columnas de opinión en otros sitios. También anexa como parte de la prueba imágenes de tuits publicados por terceros que Fundamedios retuiteó, detalla el comunicado de la CIDH.
«Los derechos humanos no cesan cuando una persona o asociación actúa en internet», señalaron los expertos en relación a las pruebas presentadas por la Secom. «Los derechos a la libertad de expresión y asociación existen tanto fuera de línea como en internet».
«Instamos a las autoridades ecuatorianas a detener el procedimiento de disolución de Fundamedios y, en general, a garantizar la realización de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país», dijeron los relatores. «Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica a las autoridades en esta materia»
