Mesa de Dialago

Vergüenza internacional: El gobierno pagó a dueños de bonos privados pero no cumple a médicos especialista

Unos 3.000 médicos que cursan posgrados de especialización en Ecuador dejarán de acudir a trabajar en los hospitales de la red de salud pública desde el próximo martes, debido al incumplimiento, por parte del Ejecutivo, de una ley que permite contratar sus servicios profesionales.

“Las autoridades nos están obligando a tomar medidas desesperadas y lamentablemente esto es paralizar nuestras actividades (…) a partir del 15 de septiembre nos presentaremos en las universidades hasta que el Gobierno reconozca el trabajo de los médicos de postgrado, más de 3.000 personas estamos en esto”, dijo Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Posgradistas (ASEMP).

Zúñiga hizo el anuncio en conferencia de prensa virtual.

Los galenos piden que el Ejecutivo cumpla con lo que dispone la llamada Ley Humanitaria, la cual fijó un plazo de 30 días -desde junio- para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) así como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) firmen contratos de servicios ocasionales por el tiempo de duración de los estudios de los médicos posgradistas que trabajan en dichos sistemas.

Adicionalmente varios no han cobrado sus sueldos por los retrasos en que ha incurrido el Ministerio de Finanzas.

Zuñiga destacó que desde que empezó la pandemia los médicos posgradistas han continuado trabajando en los hospitales públicos y al mismo tiempo seguido con sus estudios en las universidades.

“Todo tiene un límite, por eso hoy decimos a las autoridades que estamos cansados de los abusos, esto es insultante, es una vergüenza”, dijo el presidente de los médicos posgradistas.

A esta situación, agregó Zúñiga, se suman las condiciones precarias en las que el personal de salud trabaja desde que inició la pandemia de covid-19, sin acceso a equipos de bioseguridad y cumpliendo jornadas de más de 10 horas diarias de trabajo.

CAL califica juicio político contra María Paula Romo; ministra dice que ella lo solicitó


El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó hoy, martes 8 de septiembre de 2020, los pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el presidente del Consejo de Participación (Cpccs), Christian Cruz. “Después de 7 meses de presentación de juicio político contra Romo, el Cal ha dado paso a su aprobación a trámite. De igual manera juicio político contra Presidente CPCCS”, informó Cristina Reyes (PSC), una de las integrantes de este organismo. El pedido de juicio político contra la ministra Romo lo impulsan los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (exCreo) por el supuesto uso de bombas lacrimógenas caducadas y la acción policial en centros de acogida, en las protestas de octubre pasado.
El pedido de juicio político contra la ministra Romo lo impulsan los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (exCreo) por el supuesto uso de bombas lacrimógenas caducadas y la acción policial en centros de acogida, en las protestas de octubre pasado. “He pedido al CAL que califique el juicio político en mi contra. El pretexto: una vez más los hechos de octubre. La verdad: no me perdonan haberlos enfrentado y denunciado. Compareceré a la Asamblea cuantas veces se requiera”, dijo Romo en su cuenta de Twitter. El pedido de interpelación contra Cruz, en cambio, lo impulsa el asambleísta Henry Kronfle (PSC) por el aparente uso irregular del carné que le otorga 81% de discapacidad. Tras la calificación del CAL, la Comisión de Fiscalización tendrá cerca de un mes para sustanciar este proceso y determinar si recomienda al Pleno la censura y destitución. El CAL, además, dejó en suspenso la calificación de otros cinco pedidos de juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, por supuesto incumplimiento de funciones.

Paola Pabón no deberá presentarse solo un día a la semana en la Fiscalía, sino tres


La audiencia de revisión de las medidas sustitutivas contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se desarrolló este lunes 7 de septiembre del 2020.

El juez a cargo del caso por el delito de rebelión, Vladimir Jhayya, aumentó el número de días en el que la autoridad provincial debe presentarse ante la Fiscalía mientras duran las investigaciones.

Ella tendrá que estar presente en la Fiscalía, en Quito, los lunes, miércoles y viernes, según el fallo de Jhayya quien convocó a esta audiencia por pedido del fiscal Alberto Santillán. Antes de la diligencia, Pabón tenía la obligación de presentarse en la misma dependencia solo los lunes.

El agente de Fiscalía señaló que había riesgo de que Pabón trate de evadir la justicia y se fundamentó en un informe policial en el que señalaba que ella buscaba asilo en la embajada de México.
Pabón presentó en la audiencia certificaciones y oficios de la delegación diplomática de ese país en Ecuador en el que se indicaba que no existían pedidos de ese tipo.

La Prefecta, quien además tiene grillete electrónico y prohibición de salida del país, señaló la semana anterior que buscaban cambiar las medidas sustitutivas por la prisión preventiva.

OMS alerta que ‘esta no será la última pandemia’ e insta al mundo a prepararse mejor

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó este lunes a los países a invertir en salud pública, ya que el mundo debería de estar mejor preparado para la próxima pandemia.

"Esta no será la última pandemia", alertó el jefe de la OMS, citado por Reuters. "La historia nos enseña que los brotes y las pandemias son una realidad. Pero cuando llegue la próxima pandemia, el mundo debe estar preparado, más preparado que esta vez".

Mientras tanto, la pandemia de coronavirus ya ha infectado a más de 27 millones de personas a nivel mundial, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.). A día de hoy, el número total de contagios se sitúa en 27.152.445. Asimismo, 889.542 personas han perdido la vida a escala global, mientras que 18.157.076 se recuperaron desde el inicio del brote.