Mesa de Dialago

A la esposa de ‘el chapo’ no le consta que él sea narco

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En una entrevista para una televisora, Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán, dijo no sentir celos de Kate del Castillo.

Coronel afirma que no le consta que su marido trafique con drogas.

La exreina de belleza de 26 años, tercera esposa de Guzmán Loera, de 61, rompió su silencio para defender a su esposo, quien tras haber protagonizado una sonada fuga en julio de 2015 fue capturado en enero pasado y está de nuevo encarcelado.
En la entrevista con el canal Telemundo asegura que han tratado de convertir a su marido en un “monstruo”, se lamenta de las condiciones en que está recluido en la cárcel del Altiplano, en el estado de México, y responsabiliza al Gobierno mexicano de lo que pueda pasarle.
Según dice, ‘El Chapo’ está constantemente vigilado, de día y de noche. “Todo el día están ahí, están pasando lista a cada hora, no lo dejan dormir, no tiene privacidad ni para ir al baño”.
Tanto ella como el abogado de ‘El Chapo’, José Refugio Rodríguez Núñez, hicieron hincapié en que tiene la presión muy alta, cuando él nunca ha padecido de ese problema de salud.
Ambos dijeron a Telemundo que según las autoridades, el trato que se le da a ‘El Chapo’ es el que reciben los presos de su “misma peligrosidad”. Sin embargo, según el relato de Emma Coronel, su esposo es amable, atento, educado, cariñoso, buen padre y muy inteligente, no es violento, nunca dice malas palabras y jamás actuaría contra una mujer “por las malas”.
Emma Coronel, sobre la que no pesan cargos ni en México ni en Estados Unidos, aseveró que para ella él no es ‘El Chapo’, es Joaquín Guzmán, su esposo, y que lo que le preocupan son sus hijas, a las que trata de criar como niñas normales.
Coronel dijo que admira mucho a la actriz mexicana Del Castillo y se quejó de que el Gobierno mexicano difundiera los correos de ambos.

No se medirá grado de alcohol por trabajos

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Hoy, a partir de las 14h00, los servicios de los quioscos alcoholímetros que funcionan en la Terminal Terrestre de Portoviejo se suspenderán durante una hora y media, al igual que en las terminales terrestre a nivel nacional, debido a que la Agencia Nacional de Tránsito realizará trabajos informáticos.

José Flores, administrador de la TT, dijo que el alcoholímetro permite medir el grado de alcohol presente en el aire expulsado por el conductor que se somete a la prueba antes de salir de viaje, conduciendo un bus de transporte público.

Período de aguaje en las costas ecuatorianas se mantiene hasta el 24 de febrero

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El período de aguaje que ha venido afectando a las costas ecuatorianas se mantendrá hasta este 24 de febrero, según informó el Instituto Oceanográfico de la Armada.

Según se conoció a través de un boletín de prensa, el 23 de febrero arribará a las islas Galápagos un grupo de olas proveniente del Noroeste con altura promedio de 1.8 metros, el cual persistirá hasta el 24 de febrero. El 25 las condiciones de oleaje se mantienen pero con dirección suroeste.
En la zona norte hasta la zona central de Manabí, el 23 y el 24 de febrero se observará una ligera influencia del oleaje del Noroeste. Durante estos días la altura promedio de las olas será de 1.8 metros.
"Se pronostica un estado de mar moderado; sin embargo, la presencia de aguaje, hace prever posibles afectaciones en el borde costero", indicó el Instituto.
"Se recomienda a los pobladores, turistas y a quienes efectúen actividades en la zona costera, mantenerse acompañados para lograr asistencia si es necesario, de preferencia permanecer cerca de la orilla, en el área destinada para bañistas", recomendó.

Comisión denuncia presunto caso de corrupción en la Refinería del Pacífico

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La Comisión Anticorrupción presentó este jueves una denuncia ante el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, donde detalla un presunto caso de corrupción en la compra del terreno de la Refinería del Pacífico.

Según un informe publicado por la Comisión, el terreno de la Refinería habría sido adquirido por 6,7 millones de dólares en diciembre del 2009, cuando el avalúo del terreno habría sido de 121.275 dólares.

Estas cifras demostarían un incremento "de más del mil por ciento en el avaluó catastral del área de terreno", ubicado en El Aromo, zona rural de Manta, en Manabí.

Adicionalmente, la Comisión indicó que el estudio de línea base ambiental realizado por SK de Corea del Sur, recomendó la adquisición de ese terreno pese a que un estudio previo del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) cuestionaba la idoneidad de ese espacio.
La Comisión detalló que es estudio, que data del 2007, advirtió que “la zona era altamente poblada, y la construcción de una refinería constituye una bomba de tiempo, por el impacto ambiental que esta generaría en la población”.
La Refinería del Pacífico es un proyecto impulsado por el Gobierno desde el 2008, que busca procesar alrededor de 200 000 barriles de crudo al día para que el Ecuador deje de importar combustibles.
La Comisión Anticorrupción está conformada por el Colectivo Nacional Unitario de Organizaciones de Trabajadores, Indígenas y Sociales del Ecuador.

Las empresas en crisis podrían aplicar al paro parcial por 6 meses Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/las-empresas-en-crisis-podrian-aplicar-al-paro-parcial-por-6-meses Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec

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El paro parcial para las empresas en crisis es la nueva propuesta que dio a conocer ayer el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta. Esta opción permitiría la reducción de la jornada laboral hasta un 50%, siempre y cuando las compañías justifiquen una reducción de producción, pérdidas, entre otros factores. La medida, indicó Berrezueta,  entraría en vigencia mediante una reforma al Código de Trabajo, ya que actualmente el cuerpo normativo solo contempla el paro total. ¿En qué consiste? El ministro explicó que el paro parcial, al igual que todas las propuestas, se establece a partir de un consenso entre trabajadores y empleadores para facilitar la reducción de la jornada de trabajo hasta 4 horas. “Esto es en un caso de que la empresa haya determinado realmente un tema de riesgo o pérdida”, advirtió el funcionario. Agregó que la medida tendría duración de 6 meses, con la posibilidad de extenderla por un tiempo similar por una sola vez. Para Andrés Robalino, presidente de la Cámara de Industriales, Producción y Empleo de Cuenca, la iniciativa es favorable, puesto que es una alternativa que se ha empleado en varios países del mundo en momentos de contracción económica. “En la época de bonanza había un crecimiento continuo en las ventas, lo que por obvias razones generaba una mayor capacidad de producir empleo dentro de las industrias; pero, ahora, en una época donde las ventas caen continuamente, el sector debe adaptarse a esa nueva situación”, dijo, precisando que la mejor forma de adaptarse es reducir la producción para cumplir con las necesidades de demanda que tiene actualmente el país. Con esto coincide Berrezueta, quien dijo que las empresas disminuyeron sus ventas e ingresos, por lo que se han obligado a ajustar la actividad productiva a través de la reducción de su plantilla.   En diciembre de 2015, la fábrica de baterías sanitarias y grifería Edesa tuvo que separar a cerca de 150 empleados por la baja demanda de sus productos, así lo confirmó Diego Fernández Salvador, presidente ejecutivo de la empresa, durante un recorrido por las instalaciones de la compañía. El empresario manifestó su apoyo a las reformas que estudia el Gobierno Nacional, puesto que se ajustaría a la realidad que atraviesa el sector productivo. “Es una gran salida para poder generar empleo y que nos va a ayudar a las empresas a cubrir necesidades que tenemos de tiempo parcial y además en el corto plazo”, afirmó. El ministro de Trabajo advirtió que las empresas actualmente no pueden reducir o modificar la jornada laboral, puesto que no existe  aún el marco legal que lo justifique. Los empleadores que hayan actuado de esa manera serán sancionados. Las autoridades aún se encuentran estructurando el proyecto de ley con carácter de económico urgente, por lo que su entrega a la Asamblea Nacional esperaría hasta que finalice la vacancia legislativa el próximo 26 de febrero. Empleo juvenil y pasantías El Gobierno tendría asegurado el financiamiento para asumir el pago de la aportación patronal al Seguro Social en contratos juveniles con remuneraciones que alcancen el salario básico unificado (SBU). Así lo ratificó Leonardo Berrezueta, puntualizando que la condición para la aplicación es que, por un lado, este tipo de contrataciones no excedan el 20% de la nómina de la empresa; y, por otro, evitar la desvinculación del personal con más de 24 años de edad y que se encuentren trabajando en la empresa, acotó. Entre 2014 y 2015, la tasa de desempleo experimentado por jóvenes de 18 a 24 años aumentó de 10,4% a 12,6%, es decir, cerca de 141.164 personas en ese grupo etario estarían desempleados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La propuesta gubernamental también abarca cambiar aspectos de la Ley de Pasantías con la eliminación de la obligatoriedad del pago de una remuneración básica, a cambio de un estipendio para transporte y alimentación. Además, dijo el principal de Trabajo, el Consejo Educación Superior  (CES) deberá revisar y establecer el número adecuado de horas necesarias para las pasantías. Convenio para capacitación Por otra parte, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Ministerio de Trabajo suscribieron un convenio de cooperación para potenciar la formación de los estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos. Su propósito es contar con talento humano debidamente capacitado en áreas vinculadas al sector productivo. El convenio implica la utilización de 19 centros del Secap, articulados con 24 institutos técnicos y tecnológicos a escala nacional, bajo la modalidad de formación dual. Esto permitirá duplicar la oferta de la formación técnica y tecnológica pasando de 9.814 a 9.586 cupos adicionales, con lo cual la oferta total de cupos es de 19.400. René Ramírez, titular de la Senescyt, mencionó que el principal “cuello de botella que tiene el país es la productividad”, de ahí la necesidad de invertir en la preparación de trabajadores en áreas técnicas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas. La meta es incrementar de 12% a 25% la participación de la matrícula en la formación técnica y tecnológica. Para ello se invertirán $ 308 millones en la edificación de nuevos institutos técnicos y tecnológicos. “Para mejorar la productividad del país se necesita mayor cantidad de nivel de formación técnica y tecnológica (...) Antes no existía prioridad para este nivel de formación”, sostuvo Ramírez. El Ministerio de Trabajo supervisará y coordinará las actividades planificadas para la ejecución del convenio.

Alianza PAIS construirá su plan de gobierno a través de 2.000 conferencias ideológicas

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Las conferencias ideológicas de Alianza PAIS en las que participa la militancia y la ciudadanía iniciaron en febrero y terminarán máximo en mayo. Tienen 3 objetivos: evaluación de lo conseguido en los 9 años de Rafael Correa, la ratificación de los principios del socialismo y la construcción del programa de gobierno 2017-2021. PAIS tiene 1.121 directivas y cada una organizará su conferencia ideológica. Lo mismo repetirán los gobiernos autónomos descentralizados donde tienen representación, el bloque de asambleístas principales y alternos, las filiales en el exterior y las organizaciones sociales afines como el Frente Unidos y el Partido Socialista. Este último ya hizo sus aportes y reflexiones para el programa de gobierno. Según Doris Soliz, secretaria ejecutiva de PAIS, el movimiento se empeña no solo en fortalecerse como la agrupación política más numerosa de Ecuador (con 1 millón de adherentes y militantes), sino como la más organizada y activa. La dirigente dice que es la primera agrupación en contar con procedimientos y procesos de ejercicio político en su interior. En mayo se realizaría la convención nacional de PAIS tras concluir las conferencias. La selección y la programación de candidatos de PAIS, de cara a los comicios 2017, vendrá en el segundo semestre de este año. El plan de gobierno que surja de las alrededor de 2.000 conferencias ideológicas, 924 de las cuales ya están distribuidas por provincias, se enmarcará en las denominadas 10 Revoluciones (ver gráfico). El viernes pasado, por ejemplo, PAIS efectuó una conferencia ideológica en Guayaquil, a la que asistió la directora provincial del movimiento, Marcela Aguiñaga; y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Guayas, Richard Gómez. Aguiñaga destacó que en la reunión se debatieron 9 años de acción  y plantear las nuevas propuestas para la construcción del plan de gobierno 2017-2021. “Nuestro gobierno es de los trabajadores, estamos construyendo desde la Asamblea Nacional una reforma a la  Ley Orgánica de Servicio Público, para dar paso a la enmienda aprobada recientemente y fortalecer el sector de los trabajadores”

VIDEO-El Ministerio del Ambiente aún debe comprar 156 hectáreas al Issfa

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El Ministerio del Ambiente analiza varias opciones para los $ 41 millones que le devolverá el  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Una de ellas, según el ministro Daniel Ortega, sería adquirir otros terrenos alrededor del Parque Samanes y así culminar la construcción de todas las etapas de esa zona verde.

El funcionario recordó que en  Guayaquil existe un déficit de áreas verdes. Según establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada urbe debe tener 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. En el puerto principal por cada guayaquileño hay 2 metros cuadrados, según datos de 2010 del INEC. Ortega señaló que el levantamiento total del Parque Samanes contribuirá a aumentar las áreas verdes de la urbe. El Ministro explicó que falta adquirir 156 hectáreas al Issfa, para completar el parque antes de 2017.

Por otra parte estos $ 41 millones representan más del 80% del presupuesto anual (2016) asignado al MAE. Con ese monto, esa Cartera de Estado debe combatir el cambio climático, la pérdida de especies, la recuperación del estero Salado y todas las obras ambientales en beneficio de guayaquileños y de los ecuatorianos, explicó Ortega.

Con respecto al tiempo transcurrido desde la venta de los predios por parte del Issfa al MAE (diciembre de 2010), Ortega señaló que en  2013 la Secretaria Jurídica de Presidencia ya encontró una posible irregularidad al no usarse el catastro que ordenaba la Ley de Contratación Pública. “Desde esa fecha se ha buscado enmendar este hecho. El 18 de noviembre 2015 el Procurador emite un informe final para la devolución de los valores pagados en exceso”, recordó.

Sobre este punto se pronunció ayer Bolívar Silva, representante de los militares retirados en el directorio del Issfa. En una entrevista al portal Ecuadorinmediato, negó una supuesta votación de 6 a 1 para desacatar el fallo del Procurador.

Contó que los vocales se reunieron para analizar el pronunciamiento del Procurador. La decisión fue seguir la sugerencia. Pero Silva añadió que fue el Director del Issfa quien decidió no devolver el dinero.

Este pide el apoyo de los vocales del Consejo Directivo, que finalmente se lo dan, pero nunca hubo votación, afirmó Silva.

Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, aseguró que él envió cartas para que se rectificara la irregularidad en la adquisición de lotes que realizó el Ministerio del Ambiente. “Yo había mandado cartas reiterando que se rectifique y lo que había hecho es ratificar lo que todos sabemos, que hay una ilegalidad manifiesta de la compra-venta”.

De acuerdo a un documento del 14 de noviembre de 2010, Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente en ese entonces, fue la encargada de pedir el avalúo a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac) y al Municipio de Guayaquil. Sobre este punto, Mera aseguró que hubo “errores de buena fe” en aras de tener una buena relación con la institución militar.

“Para eso estamos enmendando, para evitar que haya glosas y situaciones que pueden ser más complicadas. Por eso se hizo el débito, porque no queremos tener el tema pendiente que puede complicar la administración del Estado”, añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, dijo que existe tranquilidad en los cuarteles. Aseguró que las pensiones están garantizadas y recordó que 8 de cada 10 dólares que recibe un militar en servicio pasivo proviene del Gobierno. El funcionario también criticó el desinterés del director del Issfa en solucionar el problema con la cartera de Ambiente.

“No se puede permitir que los politiqueros pretendan hacer de un tema administrativo militar un tema político”, dijo Cordero en un conversatorio con la prensa internacional. Una opinión similar tuvo Mera.

El secretario jurídico de la Presidencia  señaló que hay actores políticos como Andrés Páez, asambleísta por CREO, y militares en servicio pasivo, como Fausto Cobo (exmilitante del Partido Sociedad Patriótica) que pretenden usar a las Fuerzas Armadas.

A los uniformados les indican que sus pensiones de retiro serán reducidas. El Gobierno promovió una enmienda constitucional para garantizar el pago de estos beneficios. (I)

La historia

Con la promulgación de la Ley de Retiro Militar, el 26 de marzo de 1928, nace el sistema de pensiones para las Fuerzas Armadas que pasan al servicio pasivo.

Se crearon la cesantía, la caja de pensiones y otros beneficios, hasta que se expide la Ley de Seguridad Social de las FF.AA., el 7 de agosto de 1992, que da vida al Issfa.

Los beneficiarios del Issfa son el asegurado: el militar activo o pasivo, los aspirantes a oficiales y tropa, conscriptos, y dependientes y derechohabientes calificados como tales, el pensionista y el familiar del militar.

Los derechohabientes son los calificados como tales y con derecho a las prestaciones originadas por el fallecimiento del afiliado. Las prestaciones son seguros de invalidez, de retiro, de muerte, cesantía, maternidad de enfermedad, de accidentes profesionales, de vida militar, de fondos de reserva.

A las 17:30, la Tribuna de los Shyris lucía con pocos manifestantes. Poco a poco se congregó una multitud que protestó contra la decisión del Gobierno en el caso Issfa. No hubo alteraciones del orden público. Foto: John Guevara / El Telégrafo

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Proponen ir a Corte Constitucional

Militares retirados amenazan con destitución

Un grupo de exmilitares de la Federación Huancavilca rechazó el débito de $ 41 millones al Issfa. Tras una reunión en el casino de tropa de la Armada Nacional, los dirigentes salieron del recinto para formular declaraciones a la prensa.

Sergio Figueroa, miembro de la federación, sostuvo que “si el MAE en aquel tiempo, la ministra Marcela Aguiñaga, no observó el artículo 58 de la Ley Orgánica de Contratación Pública  que menciona que el avalúo debió haber sido del Municipio, entonces fue negligencia del funcionario”.

Y alertó que si el Presidente de la República ordena que se devuelvan esos dineros “se estaría metiendo en funciones que le corresponden a la Función Judicial”. Según él, sí había una anomalía y si la Contraloría así lo considera debería irse a la justicia. “Los miembros de la tropa en servicio pasivo no estamos de acuerdo con que se haya tocado a la directiva del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y los nuevos deben ratificarse en la decisión del anterior consejo directivo”.

Incluso manifestó que si el Presidente persiste invocarán el artículo 130 de la Constitución, que estipula que la Asamblea podrá destituir al Presidente por arrogarse funciones que no le competen.

“En el caso de que el Presidente persista en que tiene que devolverse de un plumazo, nosotros haremos valer nuestro derecho yendo a la Corte Constitucional para que la Asamblea dirima el cese de las funciones del Presidente de la República”, anunció Figueroa. La Federación Huancavilca agrupa a personal en servicio pasivo de tropa de la costa y es filial de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo República del Ecuador. (I)

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Reacciones a favor del régimen

Organizaciones civiles rechazan postura de FF.AA.

Integrantes de Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador manifestaron ayer su apoyo al Gobierno en torno al cambio del Alto Mando Militar, dispuesto por el presidente Rafael Correa.

Este pronunciamiento se realizó luego de que el Jefe de la Nación explicara en el enlace sabatino las razones por las cuales el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) debe reembolsar $ 41 millones al Ministerio del Ambiente.

En una rueda de prensa ofrecida ayer, las organizaciones instaron a la ciudadanía a rechazar las posturas de los sectores de oposición que acusan al Gobierno de afectar el presupuesto del Issfa, tras la compra de unos predios en Guayaquil (provincia del Guayas).

Eduardo Meneses, representante de la Universidad Popular del Buen Vivir, explicó que se utilizó como pretexto este caso administrativo del Issfa para que salten los miembros de partidos políticos de oposición y convoquen movilizaciones. “No somos ingenuos. Sabemos que estamos entrando a un año electoral y que cierta cúpula militar cree que puede negociar cosas con el Gobierno”, dijo.

Nilo Guerrero, presidente de la Asociación Mayoritaria Afrodescendiente del Ecuador (Amae), rechazó la postura de los militares en servicio pasivo que se concentraron en los exteriores del Ministerio de Defensa, en rechazo a la devolución del monto. “Creemos que las Fuerzas Armadas no deben seguir con ese desafecto que tienen en contra de un proceso por el progreso del país”, subrayó.

Fabián Tituaña, de la Confederación de Trabajadores Profesionales y Servidores Públicos, advirtió que este conflicto se está generando desde el sector de derecha sin dar ningún tipo de pronunciamiento.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s06OissHoQI

“Mi deber es velar por el bien común y así lo hemos hecho”

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"En la lucha del pueblo nadie se cansa", señaló el presidente Rafael Correa este miércoles ante miles de ciudadanos que se congregaron en la Plaza Grande, en Quito, para expresar su respaldo al gobierno de la Revolución Ciudadana.

Desde el balcón del Palacio de Carondelet, el Mandatario reiteró que "este es el año más difícil que hemos tenido" y rechazó a aquellos grupos que pretenden "politizar todo" e intentan desestabilizar al gobierno.

Correa agradeció a los ecuatorianos que también se han concentrado en otras partes del país. "Sé el sacrificio que esto nos cuesta a todos, pero nadie dijo que la lucha iba a ser fácil, nadie dijo que el camino iba a estar lleno de rosas para tener la patria nueva. En la lucha del pueblo nadie se cansa. Tenemos que estar cada día aquí en la Plaza Grande, en cada rincón de la patria, defendiendo la revolución, defendiendo la democracia",  sostuvo.

En su intervención, Correa se refirió al caso de la compraventa de los terrenos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y reiteró que se ha actuado en lo "legal, legítimo y por el bien común".

"Es realmente el colmo del descaro lo que algunos quieren hacer. Negar lo innegable, sancionar al que cumple en un país en que todos los grupos de poder hacían lo que les daba la gana. Ahora que todos debemos estar bajo el imperio de la ley, en función del bien común, ahí es que es malo el gobernante, ahí en que se critica al Presidente", manifestó.

El Jefe de Estado señaló que el caso del Issfa es un caso más, "pero no es el primero ni será el último en el que se trate de distorsionar las cosas". Indicó que si el fallo del Procurador hubiera sido contrario al Gobierno y al Ministerio del Ambiente, ¿quién puede dudar que los canales de televisión, la prensa de siempre, estarían repletos de gente diciendo que tenemos que cumplir el dictamen del Procurador? Hoy, que así lo hemos hecho, dicen: no, hay que esperar un juicio", apuntó.

Explicó que la ley es clara y se tenía que pagar el avalúo municipal, pero "cobraron cerca de 7 veces más ese valor".

"Aquí no necesitamos un juicio, si nosotros somos los que mantenemos al Issfa. Estamos atrasados en algunos pagos, debemos $ 260 millones así que es facilito descontar de lo que le debemos y recuperar lo que se pagó demás", recalcó Correa.

El Presidente llamó a rechazar los vestigios del pasado, "sobre todo en el servicio pasivo, gente que cree que la República empieza y termina en nuestras Fuerzas Armadas, que creen que solo ellos existen y la seguridad social es solo para ellos. ¿Y el resto, la centena de miles de adultos mayores que no tienen absolutamente nada? Mi deber es velar por el bien común. Tengan la plena seguridad que así lo hemos hecho", subrayó.

Correa también recordó que el sobrepago al Issfa se determinó en 2013. "LLevamos más de 2 años pidiéndole que nos devuelva los valores pagados demás y no lo han querido hacer", dijo al indicar que el dictamen del Procurador fue tan solo el paso final tras todo ese tiempo.

Añadió que ya se ha solicitado un informe de la Contraloría que estará listo en pocas semanas. Al respecto, dijo, "estamos completamente seguros de que la razón nos acompaña".

El Mandatario recalcó que no se trata de un retiro de $ 41 millones sino de un descuento de las deudas que el Gobierno tiene con el Issfa. De allí que llamó a los militares a no dejarse llevar por las mentiras de ciertos grupos. "Ahora quieren asustar a los soldados de que eso va a quebrar al Issfa. No va quebrar nada, no se me dejen impresionar, más aún, como en todas partes del mundo, los sistemas de seguridad social de la fuerza pública, dependen absolutamente del gobierno", enfatizó.

Además, recordó que precisamente para evitar estas manipulaciones, para que los policías y soldados tengan certeza sobre sus pensiones, se hizo una reforma al artículo 370 de la Constitución y se puso que el Estado garantizará las pensiones de este grupo.

"Pero incluso si esto no fuera cierto, nuestras Fuerzas Armadas son muy importantes para la patria, pero no son toda la patria. A superar esa mentalidad de ciertos oficiales en retiro, engreídos (...) Somos 16 millones de ecuatorianos, son 30 mil soldados en servicio pasivo. Todavía tenemos centenas de miles de adultos mayores sin ninguna clase de jubilación. Y este presidente siempre pensará en el bien común", recalcó Correa.

Pero incluso, dijo, "suponiendo que esos 41 millones retirados, que se cuentan de la deuda que se tiene con el Issfa, perjudicaría las finanzas del Issfa. ¿Eso es argumento para incumplir la ley, para perjudicar a los demás, para no pensar en el bien común?, preguntó.

"Soldados de mi patria, cada vez que me vengan con estos cuentos, siempre piensen ¿ y el resto y en los demás? Ustedes como soldados su visión es proteger a los demás y no solo en la trinchera de la guerra, también en la trinchera de la vida, pensando en cuántas centenas de miles de ciudadanos no tienen ninguna clase de jubilación".

El Mandatario señaló que habría que plantearse también el porqué hay que comprarles terrenos al Issfa, cuando estos eran destinados a la defensa nacional. Explicó que esos terrenos fueron comprados por el Ministerio de Defensa a finales de los años '60, para ampliar el actual fuerte Huancavilca (en aquel entonces Quinto Guayas) y fueron a parar al Issfa por $ 55 millones, aproximadamente, que al tipo de cambio del año 1998 equivalían a $ 9.000.

"Así está en la escritura. Luego hicieron un arreglo ilegal para pagar $ 16 millones que nunca se pagaron, solo se pagaron $ 8 millones y nos venden la mitad de esos terrenos a $ 48 millones. ¿Quién puede entender algo así, qué creen que están produciendo plata? Le están quitando plata al resto, le están quitando plata a su propio pueblo", sostuvo.

Correa afirmó que el Issfa está en esa misión de acumular terrenos, industrias, empresas para supuestamente ser autónomos y con su mismo rendimiento pagar sus pensiones. "En ninguna parte del mundo ha sucedido eso. Si lo quieren seguir intentando, que continúen, pero sin perjudicar a los demás", apuntó.

Reiteró que no se está atentando con el patrimonio de los soldados. "De cada 10 dólares que recibe el Issfa, 8 son pagados por el pueblo ecuatoriano, a través del Estado. No se me dejen sorprender", enfatizó el Presidente.

En enero de 2016 el Biess desembolsó $ 99 millones en 1.932 operaciones crediticias

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A pesar de que existirá un tope en el monto para créditos hipotecarios otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), se prevé beneficiar a un número mayor de afiliados.

Según cifras del Biess, en 2015 otorgó más de $ 1.250 millones en más de 26.000 hipotecarios, de los cuales el 76% fue destinado a bienes inmuebles, cuyo costo fue igual o menor a $ 70.000.

Fuentes de la Gerencia General del Biess consultadas por este diario resaltaron que dentro de su compromiso de impulso a la vivienda social, en abril de 2015 esa institución crediticia de los afiliados disminuyó la tasa de interés de 8,5% a 6% para los préstamos hipotecarios solicitados para vivienda de hasta $ 70.000.

Esta medida -entre otras ventajas- permite la reducción de las cuotas mensuales que debe pagar el afiliado y jubilado, así como la disminución del costo final de la vivienda hipotecada. Ello permite aportar a un mayor cumplimiento del derecho a vivienda digna.

Incluso, para viviendas de hasta $ 40.000, los asegurados con ingresos familiares de hasta 3,5 salarios básicos unificados ($ 1.239) pueden acceder al bono otorgado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) de entre $ 4.000  y $ 6.000.

A decir de Bernardo Ortega, gerente general encargado del Biess, “esta medida permite la reducción de las cuotas mensuales que debe pagar el afiliado y jubilado, así como la disminución del costo final de la vivienda hipotecada que nos permite aportar a un mayor cumplimiento del derecho a vivienda”.

De 2010 a 2015, es decir en 5 años, el Biess ha otorgado más de $ 5.000 millones en créditos hipotecarios a más de 130.000 familias ecuatorianas. (Ver gráfico).

Para 2016, el Biess programó una inversión económica similar a la ejecutada el año pasado, en este producto crediticio. Además, prevé mantener un promedio de desembolso mensual superior a los 1.800 préstamos hipotecarios.

Según cifras del Biess, en los 31 días de enero del presente año se  desembolsaron alrededor de $ 99 millones en 1.932 operaciones crediticias.

En los próximos días, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pondrá en práctica algunos cambios operativos para continuar priorizando los sectores con ingresos medios y bajos, que garanticen el acceso a una vivienda digna.

Entre los cambios que se pondrán en ejecución figura establecer un tope del monto del préstamo hipotecario para el financiamiento de viviendas de más de $ 150.000.

Según Ortega, los  productos crediticios del Biess van cambiando y transformando permanentemente.  De allí que un préstamo hipotecario actual es distinto al que iniciaron en 2010, ya que parten del principio de tratar de mejorar continuamente para favorecer a la mayoría de los afiliados.

Por ejemplo, hace un año los créditos hipotecarios del Biess no contaban con tasas preferenciales para vivienda de interés social y prioritario, mientras que ahora sí la tienen.

Además, “desde agosto pasado hemos mejorado los seguros que protegen a los usuarios de los préstamos hipotecarios. Ahora, el seguro de desgravamen protege al afiliado bajo las mismas características de un seguro de vida, es decir, que en caso de fallecimiento del titular del crédito no solo se extingue la deuda, sino que el seguro le devuelve la totalidad del valor que haya cancelado por el inmueble a la fecha del siniestro. Esto ha sido pensado para protección de la familia en forma integral”, explicó el gerente del Biess (ver entrevista).

El seguro de desgravamen también incluye enfermedades catastróficas, e incapacidad total y permanente. También se incorporaron mejoras en los beneficios de los seguros otorgados a los usuarios de préstamos hipotecarios, que incluyen un seguro de vida y asistencia todo hogar, tanto para los nuevos créditos como para los que fueron adquiridos en años pasados.

El manejo de los hidrocarburos en el mundo implica una disputa entre potencias

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El vaivén de los precios del petróleo ha sido una constante en los últimos meses, marcada por una clara tendencia a la baja y con contados momentos de ligera recuperación. Estimaciones mundiales apuntan  a que la situación no mejorará en el mediano plazo, debido al exceso de oferta y factores geopolíticos.

Desde América Latina, países como Ecuador y Venezuela insisten, aún sin éxito, que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), regule la producción y ponga un techo para equilibrar el mercado. Sin embargo, al otro extremo del planeta, naciones como Arabia Saudita descartan esa posibilidad. A esto se suma el levantamiento de restricciones a Irán, complicando más el panorama.

Carolina Bernal, decana de la Facultad de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), y Fernando Reyes, asesor petrolero del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades afines de la Región Norte (Cigmipa), analizan los orígenes de la situación y la posición de  Ecuador en medio de este contexto.

Los factores geopolíticos inciden en la crisis de los precios

Los expertos explican que la crisis petrolera se agudizó cuando Estados Unidos perfeccionó la técnica de extracción por fracturación hidráulica (fracking) que es una técnica que permite extraer gas de esquisto (oil shale).

Desde entonces, hace aproximadamente 3 años, el país norteamericano pasó de ser un consumidor de hidrocarburos por excelencia, a jugar un rol determinante, ya que su producción por fracking bordea los 10,5 millones de barriles por día.  “Esto genera un remezón en el mercado porque la oferta se incrementó (...) Cuando inicia (Estados Unidos) con la tendencia del fracking, rompe el mercado”, afirma Bernal.

De su lado, Reyes observa que “estamos asistiendo a la presencia de un cambio geopolítico en el manejo del mercado de los hidrocarburos y el abastecimiento del petróleo”. Esto debido a que el Congreso de Estados Unidos eliminó las trabas legales que impedían a ese país  convertirse en exportador.

El propio presidente de la República, Rafael Correa, manifestó en reiteradas ocasiones que la mayor barrera para estabilizar el mercado trasciende de una simple operación de oferta y demanda; aquella estaría también relacionada con intereses geopolíticos de las principales potencias mundiales.

De ahí que Reyes y Bernal coinciden en que la disputa gira entorno a una excesiva producción, como método de presión para derrumbar los precios y vencer a la competencia.

“Los productores que no puedan sostenidamente reducir sus costos de producción perderán mercado, cuyo vacío será ocupado por los más fuertes”, expone Reyes, agregando que el mercado europeo es disputado entre dos bloques diferenciados: Rusia, Irán e Irak versus Arabia Saudita y Catar (ver infografía).

Bernal, además, menciona el peso de lo que denomina como “petróleo sucio”, para referirse al crudo comercializado por el Estado Islámico (ISIS) y que envuelve otra problemática.

Para entender lo que ocurre, añade, es preciso tomar en cuenta  la reducción de la demanda, influenciada por la mala situación económica que enfrentan países naciones de la Unión Europea y que ha provocado la contracción de China, país considerado en la actualidad como el mayor consumidor de hidrocarburos.

Para 2015, la demanda fue de 94,5 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de la Energía, que prevé un aumento anual moderado de 900 mil barriles diarios con incremento gradual hasta llegar a los 103,5 millones de barriles por día.

El impacto de las tendencias internacionales en el país

En medio de ese conflicto se encuentra Ecuador, sin poder encontrar aún mayor eco a su postura a favor de una competencia justa y equitativa. Lo cierto es que mientras el panorama internacional se mantenga como hasta ahora, las previsiones respecto a los precios seguirán variando.

El golpe para el país ha sido profundo. En 2015, los ingresos petroleros se redujeron en más de $ 7.000 millones, según el presidente Correa. Entre otras cosas, aquello trajo como consecuencia retraso en el pago a proveedores de las empresas petroleras que, a su vez, perjudicó a las provincias amazónicas con actividad petrolera.

No obstante, el Estado se ha comprometido a cancelar sus haberes con este y otros sectores en el transcurso del primer trimestre del año y puso en marcha planes de contingencia económica para reactivar a las provincias afectadas.

Para el Presupuesto General del Estado (PGE) en vigencia, el Gobierno estableció un precio promedio de $ 35 por barril, $ 44 menos que en 2015 que fue de $ 79. Los ingenieros Reyes y Bernal concuerdan en que el valor considerado fue correcto en su momento, pero ante la coyuntura  merece revisión.

Ayer, el barril de petróleo WTI, usado como referencia para el crudo ecuatoriano, se ubicó en $ 28,13 y el barril del crudo Brent en $ 31,46.

El Jefe de Estado manifestó que Ecuador está preparado para enfrentar una situación macroeconómica con un barril de $ 20. (I)