Ministro Serrano rechaza informe de EE.UU. sobre narcotráfico en Ecuador
José Serrano, ministro del Interior, rechazó el polémico informe de Estados Unidos (EE.UU.) que señala que al menos tres cárteles del narcotráfico operan en Ecuador.
José Serrano, ministro del Interior, rechazó el polémico informe de Estados Unidos (EE.UU.) que señala que al menos tres cárteles del narcotráfico operan en Ecuador.
El trato diferenciado entre la tropa y la oficialidad no solo regía en el ámbito militar sino también en el acceso y uso de las instalaciones castrenses. Hasta ahora aquello solo se comentaba entre los uniformados en servicio pasivo. “Era necesario poner el dedo en la llaga”, afirman los militares retirados, quienes anhelan que el acuerdo ministerial 66 suscrito por el exministro Fernando Cordero contribuya a erradicar los residuos de desigualdad, discriminación e inequidad al interior de las Fuerzas Armadas. El documento dispone que “en todos los repartos, unidades militares y dependencias del Ministerio de Defensa se eliminen los tratos discriminatorios que generan desigualdad entre la oficialidad y la tropa, por lo que se deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los espacios diferenciados como casinos, comedores, accesos, baños, etc., los cuales serán compartidos por todos los efectivos de las FF.AA. sin distinción de grado o de cargo”. De la ejecución del Acuerdo Ministerial debe encargarse el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los comandantes de las 3 fuerzas (Terrestre, Aérea y Naval) y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. El sargento primero en servicio pasivo, Pablo Terán, contó que en las unidades militares aún existen villas (áreas de descanso en los recintos) para oficiales que, entre otras cosas, disponen de comodidades como baños privados, aire acondicionado, cocinas y salas de estar. En cambio, el personal de tropa dispone de cuartos grandes (denominados en términos castrenses “canchones”) que son ocupados por varias personas, con literas y dotados de un solo baño y ducha para compartir entre todos. “Los oficiales tenían toda clase de privilegio y todavía hay rezagos de ello. Antes, el personal de tropa, como soldados y cabos, solo podían acceder a los baños que ocupan los oficiales para hacer la limpieza, no para usarlos”, contó Terán. En cuanto a los casinos de oficiales, también ofrecen comodidades para esparcimiento, descanso y realización de eventos. Allí tampoco podía ingresar el personal de tropa, salvo para atender al personal de alto rango, así como para realizar tareas de aseo. Si bien esto se ha ido erradicando progresivamente por decisión del presidente Rafael Correa, todavía es latente la segregación contra el personal de tropa, afirma Terán, quien lamenta la salida de Cordero y cree que estos cambios incomodaron a la anterior cúpula militar. Los militares de tropa consultados aseguran que cuando se aplique el Acuerdo Ministerial No. 66 lo lógico será que haya comedores para todos, con igual trato y servicio. La normativa guarda relación con el numeral 1 del artículo 3 de la Carta Magna que establece: “Son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes”. Además, el numeral 10 del artículo 83 de la misma Constitución estipula como deberes y responsabilidades de los ecuatorianos “promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales”. Esto no va a gustar a muchos porque “el oficial se cree un hombre autoritario y con derecho a humillar a la gente para que le sirva, le lave el carro y en general le haga diferentes tipos de mandados como pena de castigo”, indicó Terán. “Reclamar un trato igualitario antes era motivo de castigo por parte de los oficiales hacia la tropa. Te mandaban a callar porque era prohibido, por ejemplo, reclamar una mejor comida. Quien se atrevía a hacerlo era detenido, arrestado, castigado. Había que comer como perrito, lo que den, mientras que los oficiales comían de lo mejor y con vino incluido”, añadió. En esto coincide el suboficial de Marina en servicio pasivo, Goering Duque, quien cuenta que durante su vida militar activa constató diferencias en la comida y en las instalaciones. “No podíamos subir al comedor de los oficiales, teníamos que pedir permiso”. Más allá de eso, no cree que haya diferencias sustanciales porque, por ejemplo, los casinos “eran de lujo también para la tropa”. Tampoco está de acuerdo en que los oficiales y la tropa compartan el mismo comedor. Por su parte, el suboficial retirado, Alejandro Pérez, recordó que existía discriminación “absoluta”, incluso con los propios familiares. Relató que una vez le prohibieron la entrada al casino a un niño, hijo de un militar de tropa que jugaba con el vástago de un oficial. Terán fue más allá al decir que mientras la jornada de trabajo para la tropa siempre era y es extenuante, había oficiales que no hacían nada, que entraban y salían de los recintos militares como si estos fueran iglesias. “Desaparecen en horas laborables bajo el argumento de que van a reuniones. Como el ministro de Defensa, Fernando Cordero, vio todas esas anomalías y trató de poner orden, fue mal visto y hasta declarado persona non grata por ciertos oficiales activos y pasivos que se creen intocables”, expresó. Aquello se dejó plasmado en el Acuerdo Ministerial No. 66: “En los diferentes repartos y unidades militares del Ecuador se verifica la existencia de espacios diferenciados entre el personal de oficiales y tropa como casinos, baños, etc”. Al respecto, el coronel en servicio pasivo, Mario Pazmiño, considera que los acuerdos firmados por el Ministro saliente son producto del desconocimiento, puesto que dicha integración ya se venía cumpliendo desde hace 3 años. “¿Entonces en dónde está la segregación o se trata de causar conmoción interna en las Fuerzas Armadas?”, cuestionó Pazmiño. Cuestionó también que solo se haga estos llamados de atención a las Fuerzas Armadas y no a la Policía Nacional o Cuerpo de Bomberos, ministerios y otras instituciones que prestan un servicio público y donde persisten inequidades. El alcance de la resolución ministerial -según fuentes de la cartera de Defensa- no incluiría a los clubes privados y autónomos económicamente, propiedad de los militares en servicio activo y pasivo como, por ejemplo, el Círculo Militar o El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre
El Distrito de Salud de Chone- Flavio Alfaro realiza desde este mes una campaña de vacunación antipolio, en la Unidad Operativa Santa Rita.
La campaña de vacunación culminará el 31 de marzo del presente año. La aplicación de la vacuna es totalmente gratuita para los menores de 3 años.
Luego de tres horas de declarar ante la Justicia Federal de Sao Paulo, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue puesto en libertad.
Dos policías turcos han muerto este viernes y otras catorce personas han resultado heridas, entre ellas civiles, en el ataque perpetrado hoy por la guerrilla kurda del PKK contra la dirección de la Policía de Tráfico en Nusaybin, en el sureste de Turquía.
Según la agencia Dogan, el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) atacó sobre las 04.00 GMT la sede policial y las viviendas cercanas, donde viven los agentes con sus familias, usando un coche bomba, lanzacohetes y rifles de largo alcance.
Frente a las costas manabitas aún hay cobia. En enero pasado se capturaron algunos ejemplares, a una milla de Machalilla.
Así lo confirmó Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacope), quien agregó que hasta la actualidad no se concretó un plan de contingencia para eliminar las cobias que se escaparon de las jaulas que se ubican a 9 millas de las costas de Jaramijó.
En Jaramijó pescadores artesanales aseguran que aún observan cobias.
En agosto del año pasado, pescadores artesanales del sitio La Chorrera de Pedernales denunciaron daños en las redes y que encontraron camarones destrozados.
En septiembre del 2015, la presidenta de Fenacope dijo que algunos pescadores abrieron el buche a 87 cobias capturadas en la costa norte manabita y encontraron residuos de arte de pesca y pedazos de camarón.
El dirigente pesquero José González pidió eliminar la cobia de manera urgente.
Ramón Castro Ruz, el hermano mayor de Fidel y Raúl Castro, falleció hoy en La Habana a los 91 años de edad, informaron medios oficiales.
El fallecimiento de Ramón Castro se produjo en la mañana de este martes, según un reporte divulgado en el noticiero de la televisión estatal y en el sitio web del diario Granma, en el que no se precisa la causa del deceso.
Los altos niveles de turbiedad (NTU) en el canal de riego, que a las 23h00 del lunes sobrepasaron los 5 mil NTU, obligaron a paralizar la planta Cuatro Esquinas la madrugada de ayer, restableciéndose el servicio cerca de las 10h00 cuando llegó a los 152 NTU.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) defendieron ayer el presupuesto que perciben del Estado, frente a la advertencia que hizo el presidente Rafael Correa, de revisar sus asignaciones.
El pasado sábado en el enlace, el mandatario contó que luego de una revisión presupuestaria observó que existe “una mala asignación de recursos” a estas universidades de posgrado, así como la del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), aunque esta última es parte del sistema público.
“Hay una mala asignación, hay una distorsión, fruto de la costumbre y cabildeo. Esto no es correcto y va a cambiar”, sostuvo Correa.
Informó que la Flacso percibe $ 15,4 millones, la UASB, $ 16,1 millones y el IAE, $ 4.
El rector encargado de la Andina, Jaime Breilh, explicó ayer que su presupuesto anual es de $ 27 millones: $ 17 millones de las asignaciones del Estado y $10 millones de la autogestión de la universidad.
Precisó que de los $ 17 millones, $ 5 millones son destinados a becas. Además, que el 60% de los estudiantes son servidores.
“Hay una producción nacional en materia académica desde la universidad; si se toman decisiones contrarias, se afectará a los alumnos y también al país”, replicó el académico.
El secretario general de la Flacso, Adrián Bonilla, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que esta es una entidad de educación “pública” y no privada.
“La Flacso recibe sus recursos como consecuencia de la vigencia de la ley (de Educación Superior) y no del lobby”, escribió Bonilla, e indicó que el 90% de estudiantes reciben becas.
“(Es) Menos caro que enviarlos al exterior, el dinero se queda en Ecuador“, publicó.
Para el 2016, la Flacso tiene un presupuesto de $ 28’601.488: $ 15’510.787 son recursos públicos, $ 11’906.910 de la autogestión, entre otros.
El IAEN no se pronunció ayer sobre el tema.
El Ministerio de Educación señaló que luego de las manifestaciones de la semana pasada, en el colegio Juan Pío Montúfar, la Dirección Distrital recibió un informe que establece distinto nivel de responsabilidad de 9 inspectores y 8 docentes (uno de ellos entre los reubicados) a los que se les está instaurando un sumario administrativo y la suspensión (llamada medida de protección) con remuneración, mientras dure el proceso de investigación.
“En esta semana aparecieron denuncias que interponían los propios padres; docentes con malas evaluaciones; docentes que estaban exigiendo la compra de libros, de textos escolares, cuando eso está prohibido. Es decir, por demanda de la propia comunidad educativa se identificó también un grupo adicional de docentes que deberán ser reubicados por faltas que se cometieron”, dijo ayer el ministro Augusto Espinosa.
Esto, mientras estudiantes y padres del colegio Montúfar rechazaron ayer, en una concentración en los exteriores del plantel, la advertencia del presidente Rafael Correa de cerrar el plantel.
Los protestantes dijeron que la concentración era en apoyo a los 14 estudiantes que fueron detenidos por las protestas de la semana pasada y a los 17 profesores reubicados.
Óscar Flores, padre de familia, quien llevaba un cartel pidiendo diálogo, opinó: “No vamos a permitir que se cierre el colegio, porque (de) este colegio han salido buenos políticos, buenos profesionales”.
Varios alumnos colgaron, entre las 08:30 y 08:45, una pancarta de color rojo y negro en el paso peatonal sobre la av. Napo con la frase “Revolución Montúfar”. Esto motivó la presencia de la Policía. Algunos conductores que circulaban por la vía sonaron sus bocinas en señal de respaldo. Luego, sacaron la pancarta, ya que supuestamente personal policial les habría argumentado que era una incitación a realizar una protesta.
“Es muy triste que en pleno siglo XXI, en un proceso supuestamente progresista, tengamos que basarnos en amenazas y no en diálogo para buscar soluciones”, dijo un alumno.
En la rueda de prensa que dio el ministro de Educación, Augusto Espinosa, planteó el escenario en el cual se daría la posibilidad de un cierre. “Si es que se mantienen estos actos que terminan siendo delincuenciales, es decir, si es que el colegio Montúfar, que no es todo el colegio, porque es solo un grupo de estudiantes violentos, si es que el colegio Montúfar, ese grupo de estudiantes no declina en sus actitudes y en sus inducciones a delinquir, entonces, efectivamente, hay que pensar en medidas más severas”.
Espinosa, al ser consultado sobre si es posible que los estudiantes detenidos reciban clases a distancia, respondió: “Nosotros tenemos que garantizar lo que está normado en la Constitución, en la ley. Está normado que garanticemos el derecho a la educación (...), entonces nosotros, a través de normativa interna, acuerdos ministeriales, podemos determinar esto, sin ningún inconveniente”, manifestó el funcionario.